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La Convención porteña de 1860

La Convención del Estado de Buenos Aires se reunió en dicha ciudad el 6 de Febrero de 1860 y designó una comisión encargada de examinar la Constitución Federal y de aconsejar las resoluciones que juzgare prudentes.

Fueron nombrados para formar la comisión los convencionales José Mármol, Bartolomé Mitre, Antonio C. Obligado, Domingo F. Sarmiento y Dalmacio Vélez Sársfield, a más de otros dos que no participaron en los trabajos.

La comisión inició su tarea al día siguiente de designada y resolvió por primera providencia insertar las discusiones habidas en su seno en una publicación llamada “El Redactor de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal”, que editaría a fin de que los convencionales conociesen rápidamente las conclusiones a que llegase.

Aunque escrito “El Redactor...” en forma impersonal, es fácil referir a sus verdaderos autores las ideas allí consignadas y, en tal inteligencia, se citan en esta obra, añadiéndoles la personalización que falta en el texto.

El 3 de Abril, la comisión presentó su informe, firmado por sus cinco miembros y redactado por Mitre. La Convención conoció el informe en la sesión del 25 de Abril. Dos de las sesiones celebradas por la Convención trataron puntos que interesan al presente estudio: la del 27 de Abril y la del 7 de Mayo.

En la primera se trató la reforma del artículo 6to., referente a las Intervenciones; en la segunda se trató la enmienda en cuya virtud se quitaba a la Corte Suprema Nacional la atribución de entender en los conflictos internos de provincia.

Estuvieron presentes en la sesión del 27 de Abril los miembros de la comisión -excepto Obligado- y varios convencionales que tenían o que tuvieron luego participación descollante en la política nacional: Adolfo Alsina, Emilio Castro, Eduardo Costa, Rufino de Elizalde, Félix Frías, Juan Andrés Gelly y Obes, Bernardo de Irigoyen, Luis Saenz Peña, Marcelino Ugarte... A la sesión del 7 de Mayo asistieron Wenceslao Paunero y las personas citadas, menos Mármol y Mitre.

Una de las principales reformas que aconsejó la Comisión fue la del artículo 6to.. Tres fórmulas se consideraron en su seno:

Primera: “La Confederación Argentina garantiza a cada provincia una forma republicana de Gobierno; y protegerá a cada una de ellas contra invasión y, a requisición de la Legislatura o del Ejecutivo -cuando la Legislatura no pueda ser convocada- contra violencia doméstica”.

Segunda: “El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de Gobierno, repeler invasiones y, a requisición de sus autoridades legítimas, para restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición”.

Tercera: “El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias con requisición de las Legislaturas y -cuando éstas no puedan ser convocadas- de los gobernadores de provincia, al solo efecto de restablecer el imperio de las instituciones perturbadas por la sedición y, sin requisición de parte y por su propio derecho, en el caso de que las autoridades constituidas hayan sido derribadas, al solo objeto de restablecerlas o, toda vez que la seguridad nacional, amenazada por un ataque o peligro exterior o por una sedición que se extienda a más de una provincia, haga indispensable el uso de esta prerrogativa"(1).

(1) “El Redactor de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal” (1860), Nro. 1, p. 3. Ed. Comercio del Plata, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La primera fórmula transcripta es idéntica a la que contiene la Constitución de Estados Unidos. Las otras dos son originales de la Comisión: por lo menos no transcriben ningún texto.

La Comisión se pronunció en favor de la segunda fórmula por ser -dijo- la más clara, la más sencilla, la más precisa, teniendo además la ventaja de darnos por garantía de orden futuro toda la jurisdicción de la Constitución estadounidense que a él se refería, evitando así el entrar en ensayos de invenciones aventuradas que no daban otros resultados que sucesos como los de la provincia San Juan(2).

(2) “El Redactor de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal” (1860), Nro. 2, p. 10. Ed. Comercio del Plata, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El paralogismo que encierran estas palabras es extraordinario y conviene advertirlo para explicar muchas de sus desacertadas consecuencias: con el propósito de injertar en las costumbres políticas de la República la jurisprudencia norteamericana, la Comisión prescindía expresamente del texto progenitor de aquella jurisprudencia y elaboraba un texto diverso...

Sarmiento fue quien pidió en la Comisión la reforma del artículo 6to., y a él le cupo un papel decisivo en los debates pertinentes. No es aventurado atribuirle la paternidad de aquel paralogismo. Sarmiento defendía ideas arraigadas en él cuando proclamaba las excelencias de la Constitución y de la jurisprudencia extranjera y cuando pedía que se las transvasara en el nuevo ser político.

En los “Comentarios” había preconizado la adopción literal de la Constitución norteamericana -"ya discutida, ya fijada, ya probada"-, en la cual veía remedio seguro para todos los problemas nacionales. La Constitución vendría a ser para nuestros males -decía-lo que aquellas tisanas que traen, envolviendo el frasco que las contiene, la instrucción que enseña la manera de usarlas(3).

(3) Sarmiento. “Comentarios de la Constitución de la Confederación Argentina” (1895), en: “Obras de D. F. Sarmiento”, tomo VIII, p. 35. Imprenta Mariano Moreno, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

No obstante la proverbial versatilidad de sus opiniones, Sarmiento se mantendría siempre fiel a ésta y alguna vez la invocaría para exornar con ella su orgullo de ciudadano. A fines de 1867, presentándose como candidato a presidente, dijo, en efecto, que sus compatriotas comenzaban a justificar sus empresas de mejoramiento económico, de difusión de la instrucción pública y de extirpación de los caudillos, si bien ignoraban que les había hecho otra avería de más importancia, cual era desligarlos de la tradición francesa y atarlos al carro de Estados Unidos. Tal -en su concepto- la grande obra y la que daría frutos(4).

(4) Sarmiento. Carta al presidente Mitre (Diciembre 22 de 1867), en: “Archivo del general Mitre” (1911), tomo I, p. 74. Ed. Biblioteca del diario “La Nación”, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Pero en la ocasión de la reforma una fuerza providencial lo tornó infiel a su propósito: la fórmula adoptada era distinta a la norteamericana y, siendo así, la jurisprudencia también habría de serlo. La creencia contraria, invocada por la Comisión, debe rechazarse de plano, huérfana, como se halla de todo fundamento moral y lógico.

¿Cómo habrían de sujetarse las generaciones posteriores a reglas inflexibles viciadas y violadas por sus mismos autores en el momento de instituirlas? ¿Cómo podía ser igual el árbol del sur al árbol del norte si, aparte de la distinta contextura del medio, se empezaba por sembrar semilla diversa?

La tenaz docencia de Sarmiento logró, sin embargo, sugestionar a muchos y, desde entonces y hasta hoy mismo, aunque decreciendo en vigor, se viene fatigando y desorientando a los auditorios, mejor cuando menos informados, con nombres exóticos, enunciados con el énfasis de una liturgia abrumadora.

Desde la Convención de 1860 en adelante, ya sabrían los políticos duchos a qué arsenal acudir, cuando el bagaje de la razón fallara, para recoger armas capaces de anonadar el buen sentido de las gentes.

Pero el paralogismo era demasiado evidente para escapar a un examen inmediato y demasiado grosero para merecer una cuerda defensa. El doctor Rufino de Elizalde cayó en la cuenta del error y propuso la adopción lisa y llana de la fórmula de Estados Unidos. Allí fue donde el propio Sarmiento confesó -en parte- la verdad de su situación, diciendo que habría prestigiado la fórmula norteamericana “si no se tratara de los casos y cosas argentinas”.

En la fórmula propuesta -añadió- se emplea no obstante una lenguaje análogo al de aquélla, pero con un poco más de relación con los hechos de nuestro país, con las ocurrencias actuales.

Mitre fue más franco, inspirado por su criterio de historiador. No se buscaba la perfección teórica; por el contrario -manifestó- “estamos operando sobre la carne vida de los pueblos argentinos”. Pedía respeto para la fórmula propuesta, que estaba calculada para reemplazar a un artículo “empapado con lágrimas y manchado con sangre(5).

(5) “Convención de Buenos Aires”, sesión de Abril 27 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Años después, Mitre volvería a expresarse en el mismo sentido, declarando que el artículo 6to. no está escrito en la Constitución ni como lo sancionó el Congreso Constituyente de 1853 ni como se halla en la Carta norteamericana y que, si bien responde a exigencias análogas, tiene distinto significado histórico; y agregaría que, a no mediar los sucesos de San Juan, el artículo 6to. no se habría reformado(6).

(6) “Senado”, sesión de Junio 19 de 1869. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

¿Por qué se procuraba explicar con doctrinas norteamericanas las cosas y ocurrencias nacionales? Contéstese que porque se carecía de una noción precisa acerca del régimen federativo y, posiblemente, se estará en lo cierto: “No está el señor convencional -dijo Vélez Sársfield a Elizalde- bien penetrado del sistema federal(7).

(7) “Convención de Buenos Aires”, sesión de Abril 27 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

¿Hay irreverencia en extender la observación del eminente jurista a la Convención toda? La generación argentina de los proscriptos, la más ilustre habida desde entonces hasta nuestros días, desconoció ocasiones de adquirir conceptos cabales sobre el asunto.

Educada en la tradición unitaria, el federalismo se le presentó personificado en Rosas, odiado de veras a través de cruentas luchas; encerrada luego en el exclusivismo porteño, lo contempló bajo la égida de Urquiza, casi odiado a través de la reciente guerra. Faltaba calor cordial para comprender la Confederación inorgánica de Rosas y la Confederación orgánica de Urquiza: de ahí su anhelo por adoptar otras reglas.

Sabíase que existía a mano un medio capaz de suplir su indigencia y recurríase a él, aunque sospechando que los textos, comentaristas y precedentes extraños fallarían al interpretar los fenómenos autóctonos o al ofrecer normas ya conformadas para las derivaciones justas. En la mente de los convencionales trabajarían tal vez las palabras de Alberdi: “Para disolver la unidad o integridad nacional de la República Argentina, bastaría aplicarle al pie de la letra la Constitución de los Estados Unidos...(8).

(8) Alberdi. “Estudios sobre la Constitución Argentina de 1853”, en: “Obras Completas de J. B. Alberdi”, tomo V, p. 148. Ed. “La Tribuna Nacional”, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Años después, algunas personas, convencidas de que la procedencia norteamericana no podía sostenerse, pretendieron atribuirla a otro modelo. La primera insinuación en este sentido fue lanzada por el diputado Beracochea en el Congreso de 1893. Creía recordar este legislador que la fuente del artículo 6to. está en el proyecto de Acta Federal que Rossi elaboró para Suiza. El doctor Osvaldo Magnasco -también diputado- recogió el recuerdo y afirmó que el artículo había sido copiado literalmente de dicho proyecto(9).

(9) “Cámara de Diputados”, sesión de Julio 30 de 1893. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La afirmación es enteramente equivocada: el sistema propuesto por Rossi y el texto que lo contiene son distintos al sistema y al texto argentino(10).

(10) Las disposiciones pertinentes del proyecto de Rossi están contenidas en los artículos 5to. y 6to., inciso “m” del artículo 52, inciso “e” del artículo 102 e inciso “e” del artículo 103. Véase. “Acta federal de la Confédération suisse projeté par la Commission de revisión nomme par la Dieta le17 juillet 1832”, en P. Rossi: “Mélanges d’économie polítique, d´histoire et de philosophie” (1857), tomo II, pp. 517, 529 y 539. Ed. Guillaumín y Compañía, París. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Pidióse la reforma del artículo 6to. más que nada para impedir la reproducción de intervenciones como la reciente de San Juan. La temperatura moral de la Convención estuvo definida por la censura enconada a la actitud del Gobierno Federal en tal emergencia.

A Sarmiento esa crítica apasionada hasta la obsesión; y Sarmiento, formidable propagador de emociones, conocía el secreto de crear ambientes.

Otro sentimiento hermano de ése se cernía sobre los debates: la desconfianza hacia el Gobierno Federal, por el hecho de estar en manos de Urquiza y sus partidarios. Este sentimiento se volvía a ratos trasparente y opresivo. El doctor José Roque Pérez, que se había propuesto callar durante las sesiones, no pudo menos de protestar en una ocasión expresando que le preocupaba mucho la idea de lo que estaba siempre viendo: que se trataba de hacer una Constitución para enemigos(11).

(11) “Convención de Buenos Aires”, sesión de Mayo 8 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La Convención temía los avances federales sobre las provincias y se despreocupaba por los excesos que en éstas ocurrieren. Cuidaba celosamente de circunscribir las atribuciones del Gobierno Federal y descuidaba las transgresiones posibles de los Gobiernos de provincia.

Así y todo, siempre quedaban dudas y temores sobre posibles arbitrariedades y, para disiparlos, agotadas las defensas dentro de los textos, se acudía a mencionar recursos extraconstitucionales: “Buenos Aires no es San Juan”, había dicho Vélez Sársfield con significativa intención, y la frase tuvo éxito y corrió por otras bocas.

Sarmiento se encargó de exhibir más al desnudo la intención encubierta: “No podemos hacer otra cosa -dijo- que confiarlo todo a la Providencia y a nuestros buenos puños, que es lo que puede hacer que las cosas vayan por dónde deben ir(12).

(12) “Convención de Buenos Aires”, sesión de Abril 27 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Otra circunstancia debe ser tenida en cuenta para formarse una idea más precisa de la Convención. Queda dicho que el convencional Pérez se había propuesto abstenerse de las discusiones. Este propósito respondía a una decisión colectiva.

La Convención constaba de setenta y cinco diputados: cincuenta y dos sostenían la política oficial y veintitrés deseaban la aceptación íntegra de la Constitución vigente. Este grupo -que contaba entre sus miembros a Frías, Irigoyen y Ugarte- había determinado votar calladamente contra las reformas.

La mayoría se irritaba ante esta guerra del silencio y Sarmiento, saliendo una vez de sus casillas, denunció la falta de libertad de la Convención, ya que los opositores, sin hacer uso de su razón en cada uno de los artículos, coartaban a la mayoría el derecho de discutir, porque del debate podía provenir la división y ésta importaba la pérdida de las reformas.

Por eludir tamaño contraste, la mayoría aceptaba con poquísima resistencia los proyectos de la Comisión, cuyos poderes se tornaban tiránicos. La fórmula propuesta para el artículo 6to. fue aprobada precisamente por temor a la división, pues Elizalde y otros estuvieron en desacuerdo con ella, según se comprueba leyendo la versión de las discusiones.

- Interpretación auténtica del artículo 6to.

La Comisión se había decidido por la segunda de las fórmulas propuestas... Hubo algunas reformas, sin embargo, pues al ser presentado el texto a la Convención, apareció redactado en los siguientes términos:

El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones y, a requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición”.

La Convención introdujo a su vez otras reformas, y el texto quedó como está escrito hasta hoy en la Constitución Nacional:

El Gobierno Federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores y, a requisición de sus autoridades constituidas, para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición o por invasión de otras provincia”. Tiempo es ahora de ensayar la interpretación auténtica de este artículo.

El Gobierno Federal... Ninguna referencia produjo la Convención acerca del Poder o Poderes del Gobierno encargados de decidir la intervención, ni tampoco acerca del modo de obrar de cada Poder. El asunto despreocupó a la Convención, como había despreocupado al Congreso Constitucional de 1853.

¿Qué opinión individual tenían los convencionales? Sarmiento había expresado en los “Comentarios” el temor de que “el Ejecutivo Nacional” usara malamente las atribuciones concedidas por el artículo 6to.(13).

(13) Sarmiento. “Comentarios de la Constitución de la Confederación Argentina” (1895), en: “Obras de D. F. Sarmiento”, tomo VIII, p. 258. Imprenta Mariano Moreno, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

¿Leía Sarmiento “Ejecutivo Nacional” donde la Constitución dice “Gobierno Federal”? Probable es que sí, pues la autoridad de los Cuerpos Legislativos era entonces harto ilusoria y la gente estaba acostumbrada a atribuir el concepto de gobierno o de mando al funcionario investido con funciones Ejecutivas.

Sin embargo, estas simples palabras no afirman una conclusión. En cuanto a los precedentes, desde 1853 el texto en vigor atribuía también al Gobierno Federal la facultad de intervenir y, en la práctica, el Poder Ejecutivo dispuso -por su sola autoridad- todas las intervenciones ocurridas, así fuesen por requerimiento o de oficio, si bien todas ellas fueron ordenadas durante el receso legislativo.

Alguna disensión hubo, no obstante. Cuando en 1857 se producía la primera intervención en San Juan, el diputado Laspiur interpeló al ministro Derqui, y éste se redujo a enunciar el concepto de que el Ejecutivo estaba autorizado para intervenir en las provincias y de que ningún poder tenía derecho a pedirle cuenta de sus actos en materia conferida a su exclusiva incumbencia. Laspiur se batió en retirada.

Unicamente el diputado Luis Cáceres refutó al ministro, pero en punto accesorio de su tesis y no en lo principal. No es exacto -dijo Cáceres- que, porque la facultad de intervenir en las provincias sea conferida por la Constitución “al Gobierno” y no al Congreso, no tenga aquél que dar cuenta a éste de los actos que en virtud de tal facultad ejerciere(14).

(14) “Cámara de Diputados de la Confederación”, sesión de Agosto 14 de 1857. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Pero dos años después hubo disconformidad con la opinión del ministro. El senador Salustiano Zavalía presentó, el 21 de Julio de 1859, un proyecto de ley por el que se ordenaba suspender una intervención que pesaba sobre Mendoza.

La Comisión de Negocios Constitucionales del Senado le prestó su conformidad, no porque desconociera al Ejecutivo el derecho de intervenir, sino porque la forma del desarrollo de aquélla hería la autonomía de las provincias confederadas, de las cuales el Senado era representante genuino; pero Zavalía desechó ése y todo otro argumento complicado y fue derechamente al fondo del asunto, estableciendo por primera vez en nuestra historia constitucional el derecho del Congreso.

Las Intervenciones -dijo Zavalía- no son del resorte exclusivo del Ejecutivo; tal concepto es equivocado. Las palabras “Gobierno Federal”, de que se sirve el artículo 6to. de la Constitución comprenden los tres altos poderes(15).

(15) “Senado de la Confederación”, sesión de Julio 26 de 1859. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

El ministro del Interior, que seguía siéndolo Derqui, se manifestó contra el proyecto, pero éste obtuvo sanción del Senado, aunque no de la Cámara de Diputados. Unicamente una voz, la del senador José Vicente Saravia, se levantó para atribuir al Ejecutivo solo la facultad de intervenir.

Derqui y Zavalía habían pertenecido al Congreso Constituyente: circunstancia digna de ser considerada, por lo que sus opiniones valgan como interpretación fidedigna del precepto. Los precedentes mencionados son contradictorios, y el silencio de la Convención en nada contribuyó a formar doctrina.

... interviene ...” Intervenir -había dicho el doctor Saravia en la ocasión aludida- es emplear la fuerza material de la Nación en sustentamiento del orden público perturbado en alguna provincia o de la integridad del país amenazada por ataque externo; el Gobierno Federal interviene cuando lleva sus cañones o bayonetas al territorio de una provincia.

Conforme al Derecho Público Federal -insistió Saravia- la intervención es la asistencia con la fuerza armada que el Gobierno presta a las provincias en sostenimiento del orden público, y nada más(16).

(16) “Senado de la Confederación”, sesión de Julio 26 de 1859. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Esta definición era la corriente. Pasado un año de la Convención de 1860, Sarmiento dijo en una ocasión solemne que una de las principales reformas introducidas en la Constitución era la del artículo 6to., relativa -según sus palabras- “a la manera de usar el Gobierno Federal de fuerzas nacionales en el territorio de cada una de las provincias(17).

(17) “Senado de Buenos Aires”, sesión de Junio 7 de 1861. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

... en el territorio...”. El que se considerase intervención el empleo de las fuerzas nacionales parece un poco extraño; pero la locución transcripta lo prueba. La frase “en el territorio” está evidentemente mal empleada. Se la pudo reemplazar por las frases en la jurisdicción o en los Gobiernos y la redacción hubiese sido correcta; se la pudo suprimir e igualmente se hubiese eliminado el defecto. Pero el error era ideológico, no gramatical.

Ahora resulta fácil considerar la Intervención de las autoridades nacionales en el territorio de las provincias como desvinculada de su injerencia en los Gobiernos locales, puesto que aquél forma parte del territorio nacional, uno e indivisible; pero los convencionales de 1860, así como los constituyentes de 1853, contemplaban las cosas con otro criterio y sustentaban ideas falsas a fuerza de ser demasiado simples.

Preocupados por imaginarios constantes choques entre el ejercicio de las autoridades nacional y provincial, concebían a los Gobiernos locales como organismos dotados de jurisdicción exclusiva y excluyente sobre el propio territorio y al Gobierno Federal como a otro organismo cuya molesta complicación pensaban eludir encerrándolo dentro del lugar fijado para su asiento.

Resultábales difícil entender cómo dos órdenes de autoridades pudiesen ejercer imperio simultáneo sobre las mismas personas y cosas y, puesto que las autoridades nacionales eran supremas sobre las de provincia, creyeron salvar el aparente conflicto manifestando unos poderes a través de los otros, a cuyo efecto convirtieron a los gobernadores en agentes del Gobierno General.

El artículo final de la Constitución, en el que la mayoría de los autores han creído ver una tendencia unitaria, obedeció al propósito de respetar hasta el mayor grado las autonomías, de modo que ninguna fuerza federal penetrase en las provincias so pretexto de cumplir las leyes nacionales.

Obedeciendo al mismo propósito, se conservó la organización provincial de las milicias, poniéndolas a las órdenes de la Nación sólo por momentos y frente a casos de urgencia. Conocido el pensamiento de los técnicos, cabe suponer cómo entenderían las cosas los menos letrados y cabe justificar sus alarmas.

Ejemplo elocuente lo dieron los referidos sucesos de San Juan, donde el conflicto provino de la coexistencia -en un mismo punto- de un gobernador de provincia y un general de la Nación; aquél procesó y detuvo al jefe nacional y éste fomentó y dirigió la oposición local, olvidando ambos los respectivos fueros.

Derqui y sus compañeros de la Comisión interventora atribuyeron el hecho a falta de educación política y expresaron la necesidad de que los gobernadores, poco habituados a tolerar en sus provincias personajes de cierta categoría, se fuesen resignando a convivir con los militares, jueces y demás funcionarios nacionales residentes en su jurisdicción(18).

(18) Derqui - García - Galán. “Memorándum de la Comisión Derqui-García-Galán sobre los sucesos ocurridos en San Juan durante la prisión y muerte del general Benavídez” (1859), p. 52, Paraná. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Pretendían demasiado, sin embargo, frente a los conceptos dominantes y a la realidad social, pues conviene recordar que en aquellas épocas las fuerzas del Ejército quedaban a las órdenes de los gobernadores mientras permanecían en las provincias, el Poder Judicial de la Nación no estaba aún organizado y en el Interior no existían otros funcionarios nacionales permanentes, si se descartan los de menor cuantía.

Sarmiento afirmó este concepto en el propio seno de la Convención, ante el asentimiento de todos, tomando como pretexto el problema de la defensa contra los indios.

Es sabido que el territorio que por aquellos tiempos -y casi hasta veinte años después- estaba bajo el dominio real de la Nación comprendía de un lado, a más de Entre Ríos y Corrientes, la parte nordeste de Buenos Aires y la sudeste de Santa Fe, extendiéndose en estas últimas provincias a lo largo de los ríos De la Plata y Paraná, más o menos desde el Cabo de San Antonio hasta el río Salado; y comprendía del otro lado, San Juan, La Rioja, Catamarca y Tucumán, íntegramente, a más de la parte norte de Mendoza y San Luis y el oeste de Córdoba, Santiago del Estero, Salta y Jujuy; unía a una y otra región un corredor que iba paralelo a los ríos Carcarañá y Tercero, enlazando las ciudades de Rosario y Córdoba; y el resto del territorio lo ocupaban los indios, que lo regían como únicos señores y que de vez en cuando incursionaban en son de guerra sobre los campos y pueblos vecinos, asolándolos y obligando a los Gobiernos a establecer un sistema de fronteras internas, cuyo servicio demandaba el empleo de fuerzas numerosas.

Pues bien; Sarmiento juzgaba acto de injerencia política la simple entrada en la provincia de fuerzas nacionales destinadas a la defensa de las fronteras y dijo, al tratarse de la intervención, que en Buenos Aires sólo las milicias de la provincia debían ocuparse en ello...(19).

(19) “Convención de Buenos Aires”, sesión de Abril 27 de 1860. Conviene aclarar que la Constitución, en el inciso 15 del artículo 67, al hablar de las fronteras, se refiere a las demarcadas contra los indios. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Tal fue el concepto del federalismo triunfante en la Convención: federalismo agresivo a cuyo servicio se ponían palabras especiales para darle tono -”soberanía” y “Estado”- términos usuales para designar la autonomía y la provincia. El concepto subsistió por mucho tiempo, aunque cada vez más lánguido y, luego de una década, cayó malherido con López Jordán en las cuchillas entrerrianas y fue a extinguirse con Tejedor al cabo de otros diez años en las riberas del Riachuelo.

... para garantir la forma republicana de Gobierno...” Este caso no aparecía en el texto de 1853. Sarmiento lo deploraba. Las provincias - había escrito- tienen en su seno elementos disolventes que han de estar pugnando largo tiempo por manifestarse: uno de ellos es el conato de aventureros y caudillos a zafarse de toda sujeción a las leyes.

La libertad podía ser destruida por la sedición, pero también por la usurpación de los gobernantes; y no especificar claramente que en ese caso se podía intervenir provocaba tergiversaciones susceptibles de tornarse en favor de lo arbitrario, prestando asidero contra la Constitución misma a los cabecillas que tratasen de atacarla.

Puesto a buscar remedios, Sarmiento deducía de otro artículo de la Constitución la facultad anhelada. Ese artículo era el 5to., que fija las condiciones bajo las cuales el Gobierno Federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.

De tal precepto infería el derecho ed intervención, con requerimiento o sin él, cuando los principios republicanos representativos fuesen violados, argumentando que la garantía supone los medios de hacerla efectiva.

Con todo, lamentaba que se hubiese destinado un artículo a la garantía y otro a las intervenciones, en vez de seguir el ejemplo de la Constitución estadounidense, en la cual ambas materias están reunidas en un solo precepto(20).

(20) Sarmiento. “Comentarios de la Constitución de la Confederación Argentina” (1895), en: “Obras de D. F. Sarmiento”, tomo VIII, p. 266. Imprenta Mariano Moreno, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Miembros de la Convención de Buenos Aires, Sarmiento pidió que los textos se adaptasen a sus ideas. En Estados Unidos -dijo Sarmiento- una manera de intervenir sin requerimiento resulta de la obligación impuesta a la Nación de garantir a los Estados una forma de Gobierno republicano, no siendo a éstos permitido adoptar la forma monárquica ni a los partidos o individuos atropellar la forma republicana(21).

(21) “El Redactor de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal” (1860), Nro. 1, p. 2. Ed. Comercio del Plata, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Mitre recogió el concepto y le dio figura precisa: la intervención podía ser un derecho del Gobierno Federal; y lo sería toda vez que una o más de las provincias faltasen a las estipulaciones del compromiso en cuya virtud se había constituido la Nación, “como por ejemplo si alguna de ellas pretendiese establecer la forma monárquica o perpetuar el poder (violencia interior) contra los principios de la democracia(22).

(22) “Convención de Buenos Aires”, sesión de Abril 25 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Sarmiento y Mitre volvían por la buena doctrina: aceptaban la conveniencia de intervenir para garantir la forma republicana; ponían este caso de intervención junto a los demás en el lugar lógicamente asignado, o sea, dentro del artículo 6to.; y dejaban en paz el artículo 5to., no relativo a las intervenciones políticas, sino a otra materia.

La Convención, tan celosa siempre en defender las prerrogativas provinciales, aceptó la enmienda sin discutirla; comprobación evidente de que no pensó un momento en peligrosas desviaciones.

La explicación dada por Mitre parecía neta y excluyó comentarios. Los convencionales estaban lejos de imaginar que la pequeña ventana practicada entonces se iría ensanchando poco a poco hasta convertirse, al cabo de los años, en un extenso portal por donde todas las arbitrariedades pasarían cómodamente.

Fuera de la Convención hubo gente que notó el peligro. El doctor Juan Francisco Seguí indicó cómo los convencionales porteños, tan cuidadosos en limitar los casos de intervención, pecaban esta vez por la amplitud de las facultades que concedían. Lo indefinido de la frase iba a traer desagradables consecuencias, pues “todo el mecanismo político del Gobierno Provincial y la regularidad de sus movimientos dependen de la realidad del sistema republicano y, si se concede el derecho de intervenir para garantir a éste, forzosamente habría que aceptar la intervención en el ejercicio del régimen político interior de los pueblos”.

Seguí agregaba sagazmente que, aunque esto no fuese exacto, había que convenir en que la frase comprende una idea compleja y vaga y que por lo mismo se presta a interpretaciones múltiples, “con cuyo auxilio se agrandan casi siempre las atribuciones de los poderes(23).

(23) Seguí. “El cuadro de las reformas”, en: “El Nacional Argentino”, (Paraná), Nro. 1.299, edición de Agosto 15 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Alberdi fue del mismo parecer. A su juicio, la frase tuvo justificativo en la Constitución de Estados Unidos, pero no lo tenía en la nuestra. Era absurdo presumir que una provincia argentina pudiese cambiar la forma republicana por otra monárquica o aristocrática, pues jamás hubo en el país partido alguno que aspirase a ese cambio.

¿Temían acaso los reformadores Mitre y Sarmiento -preguntaba Alberdi- que renaciese algún Liniers o algún Concha en la provincia de Córdoba, a los cincuenta años de derrocado el poder español? Luego, en su concepto, éste era un recurso ideado para cubrir otras miras.

Si el texto, en su vieja redacción, estaba calculado para restablecer el orden, el nuevo se proponía suscitar el desorden, interviniendo, so pretexto de un ataque a la forma republicana(24).

(24) Alberdi. “Intervención; el artículo 6to.”, en : “Escritos póstumos de J. B. Alberdi” (1900), capítulo XII, p. 335. Ed. Imprenta Alberdi, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

No obstante tales críticas, hay que convenir en que de ningún modo iban tan lejos los propósitos de los reformadores. Lo que deseaban era que los límites puestos a la autonomía la exaltasen y garanticen.

La autoridad nacional sólo podría intervenir sin requerimiento cuando una provincia cambiara sus instituciones republicanas por otras monárquicas o cuando sus caudillos gobernadores vitalicios destruyeran las instituciones para perpetuar indefinidamente su poder despótico.

Más que en Liniers y en Concha, se pensaba en Rosas y acaso en otro que por el momento no convenía mentar...

Entre las enmiendas propuestas con el objeto de disminuir las atribuciones federales, aparece una cuya génesis permite afirmar de modo expreso que la Convención fue adversa a las intervenciones para resolver conflictos entre los poderes públicos de una provincia.

La Constitución de 1853 establecía la atribución exclusiva y originaria de la Corte Suprema Nacional para conocer y decidir los conflictos entre los diferentes poderes públicos de una misma provincia, y la Convención de 1860 propuso la supresión del precepto con el propósito de dejar a las provincias la tarea de resolver sus pleitos internos.

Autor de la enmienda fue Vélez Sársfield. Nunca -expresó éste en el seno de la Comisión- la Corte Suprema debe ser juez de los poderes provinciales; los conflictos entre ellos pueden ser resueltos por el juicio político o por otros medios creados en las respectivas Constituciones. Todas las cuestiones -agregó- admiten solución dentro del propio fuero.

¿Qué el gobernador dicta leyes o que se alza contra sentencias de los Tribunales? Pues siempre se basta la provincia, sin necesitar la ayuda del Gobierno Federal, que no podría prestarla aunque quisiera, porque es incompetente en asuntos ajenos a las leyes nacionales.

De mantenerse la disposición, todos los actos de las provincias podrían ser contestados, suspendidos en sus efectos por cualquier poder empeñado en producir una perturbación. Esto sería la anarquía; desorden inmenso que convenía eliminar.

La moción de Vélez Sársfield fue largamente considerada en la Comisión y aceptada por voto uniforme de sus miembros, después de suponer los casos posibles de choque o conflicto y de sentir que todos ellos, de cualquier género que fuesen, podían ser resueltos y terminados en la misma provincia y según la Constitución de cada una de ellas(25).

(25) “El Redactor de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal” (1860), Nro. 8, p. 43. Ed. Comercio del Plata, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Previa exposición de Vélez Sársfield, la Convención aprobó la reforma sin discutirla. Reprodujo aquél las ideas enunciadas anteriormente.

En caso de conflicto entre los poderes provinciales -dijo- debe únicamente estarse a la Constitución particular de cada provincia, como que existe una soberanía provincial tan completa como la nacional en las materias que le están delegadas. Sostener lo contrario equivaldría a destruir las Constituciones provinciales y la independencia interior de cada pueblo(26).

(26) “Convención de Buenos Aires”, sesión de Mayo 7 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

... o repeler invasiones exteriores...”. El texto de 1853 prescribía la intervención a efectos de atender a la seguridad nacional amenazada por un ataque o peligro exterior.

La Comisión sintetizó la fórmula fijando el objeto en el de repeler invasiones. Sarmiento expresó que el texto norteamericano señalaba el caso de invasión exterior, de donde se deduce amago o peligro, como uno de intervención no requerida(27).

(27) “El Redactor de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal” (1860), Nro. 1, p. 2. Ed. Comercio del Plata, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

En el informe, al tratar las intervenciones por derecho propio, Mitre precisó: toda vez que la seguridad nacional así lo exija, como por ejemplo invasión exterior o amago de ella.

Llevada la propuesta a la Convención, Sarmiento volvió a justificar la necesidad de que se protegiese a las provincias en los casos de invasiones extranjeras.

El punto se discutió extensamente, porque se temían abusos anexos al ejercicio de tal facultad. Se veía aquí un peligro ni siquiera sospechado en el otro procedimiento de oficio, o sea, en el de asegurar la forma republicana.

El doctor Adolfo Alsina dio la voz de alarma. Pensando en Buenos Aires, imaginaba la comedia de una invasión proveniente de Santa Fe y tras ella una intervención no requerida y lograda por tan deleznable medio. Alsina aceptaría el proyecto, sin embargo, si se adoptase la frase “invasión que venga del exterior”.

Elizalde se opuso a la propuesta: la frase no protegía a Buenos Aires de las invasiones más frecuentes, que eran las de los indios. Sarmiento opinó que éstas podían considerarse exteriores, pero tal modo de ver fue rechazado por Elizalde. Mitre recordó a la mayoría de la Convención que no podía dividirse y pidió apoyo para la enmienda propuesta, con el agregado del adjetivo “exteriores”, de acuerdo con las ideas de Alsina. Así se hizo.

La inclusión de este motivo entre los generadores de intervención constituye nueva prueba, de que se calificaba de intervención la simple entrada de fuerzas nacionales en el territorio de una provincia. La invasión exterior supone siempre un ataque a la soberanía nacional, una ofensa lanzada no sólo contra una provincia sino contra la nación entera, contra el honor de una comunidad libre, asentada dentro de las líneas infranqueables de un territorio único.

El Gobierno Federal concurre con todas sus fuerzas y con todos los recursos disponibles a cualquier parte del territorio ocupado o amenazado por un enemigo extranjero, y esto no era ni podía ser discutido por los convencionales. La referencia del artículo 6to., por lo tanto, tendía exclusivamente a facilitar la acción de las fuerzas nacionales, autorizando su entrada en los territorios invadidos y, como se entendía que esta sola acción equivalía a intervenir, resultaba lógico incluirla entre los supuestos previstos.

Pero aún así, ¿cómo se pudo asimilar técnicamente el caso de invasión extranjera al de subversión de la forma republicana y al de derrocamiento de autoridades?

En el segundo caso, el interventor se mezcla en los asuntos locales para extirpar los gérmenes de disolución existentes en los Gobiernos de provincia y en el tercero para sofocar las acciones disolventes levantadas contra dichos Gobiernos; pero en el primero no se injiere en los asuntos de la provincia, no procede en favor ni en perjuicio de sus autoridades y se limita puramente a atender y servir objetos nacionales.

Una sola persona pareció advertir el error unánime: José Mármol, cuya clarividencia de poeta vislumbró por breve instante la verdad; más, de modo tan efímero, que sólo tuvo energía para formular débil reparo: “Si en alguna parte está mal la palabra Intervenir -dijo Mármol- es en el caso de invasión extranjera(28).

(28) “Convención de Buenos Aires”, sesión de Abril 27 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Nadie consideró su advertencia; y la frase “invasión exterior” quedó dentro del artículo 6to. como rama seca en árbol lozano.

... y a requisición...”. Esta es la enmienda que la Convención conceptuó capital. El texto de 1853 facultaba para intervenir de oficio en los casos de perturbación del orden público. Los hombres de Buenos Aires eran unánimemente enemigos de tal facultad. Sarmiento se distinguía entre todos por su vehemencia, y en La Comisión bramó contra esa facultad, “que había traído los horrores de San Juan”.

Mantenía firme su opinión expuesta en los “Comentarios”, según la cual la injerencia de oficio no es discrecional sino subsidiaria, válida sólo cuando la Legislatura y el gobernador estuviesen imposibilitados para requerir. Indicó la confusión que resultaba al colocar -por un prurito de ponerse en todos los casos- en una misma línea la regla y la excepción, el precepto fundamental y la modificación que en circunstancias especiales podía experimentar, resultando de aquí que esta última se erigía en principio y, como era de esperarse, destruía el principio mismo.

Así, colocando la necesidad del requerimiento y la facultad de obrar sin él como una disyuntiva facultativa, se proporcionaba el motivo para obrar en todo caso sin requerimiento, lo que convertía a este requisito en incidente posible pero no indispensable quedando, en realidad, anulado.

Era preciso, en consecuencia, adoptar una medida radical, cual la de prohibir, en los casos de sedición, toda injerencia no requerida. Pero, ¿sería absoluta la prohibición?

Sarmiento mismo se encargó de fijar su carácter relativo al precisar su excepción única: “Si la sedición ha triunfado -decía-, si la Legislatura ha sido disuelta y el gobernador muerto o preso, el hecho público incontrovertible de haber sido derrocadas las autoridades de una provincia explica la causa y suple el silencio de aquéllas, entendiéndose requerido el auxilio nacional al solo objeto de restablecer las autoridades constituidas, hecho legal definido que no se presta a tergiversación alguna”.

Parece que la Comisión aceptó este pensamiento pues, si bien la letra sancionada no lo expresa claramente, la omisión puede atribuirse al criterio seguido al redactar el artículo 6to., conforme al cual un precepto no puede ser más que la declaración de un principio y es imposible que se ponga en todos los casos(29).

(29) “El Redactor de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal” (1860), Nro. 1, p. 2. Ed. Comercio del Plata, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Por otra parte, la fórmula escogida fue -de entre las tres que se consideraron- la más apropiada para admitir tal inteligencia. La tercera fórmula, en apariencia la más prolija, no conformaba cabalmente con ella, pues daba pretexto para restablecer autoridades derribadas aún en el caso de que éstas, pudiendo requerir, no quisieran hacerlo, extremo con el que nadie comulgaría.

Interesa también saber si se pretendió tornar obligatoria la intervención en los casos de requerimiento o si se quiso asignarle carácter facultativo. Mitre defendió la primera teoría al redactar el informe. La intervención requerida -escribió- es una obligación que deriva de la garantía de que habla el artículo 5to.: “El Gobierno Federal garante a cada Provincia el goce y ejercicio de sus instituciones”. En aquel caso -estableció más adelante- está obligado el Gobierno Federal a Intervenir.

Vélez Sársfield sostuvo en el debate otras ideas, a pesar de haber estampado su firma al pie del informe. Agradábale una jurisprudencia de Estados Unidos, de acuerdo con la cual las autoridades federales no intervienen siempre que las llamen, “porque sus fuerzas no están a la disposición de las Provincias”; intervienen, por lo tanto, si les parece conveniente. Unicamente están obligadas -agregó- cuando se haya sustituido el poder legal con otro arbitrario.

A poco, sin embargo, volvió a tomar la palabra para rectificar esta última opinión:

El Gobierno Federal -dijo en esta ocasión- no reconoce ningún Gobierno que se haya puesto por la fuerza, por la violencia, sea interior o exterior”; en Estados Unidos, las autoridades centrales se abstienen de participar en las guerras civiles cuando lo desean, limitándose sencillamente a desconocer a los Gobiernos surgidos de las mismas(30).

(30) “Convención de Buenos Aires”, sesión de Abril 27 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

En el seno de la Comisión, Sarmiento ya había aludido a esta jurisprudencia, sin expresar desacuerdo. Vistas tales opiniones diversas, no puede atribuirse a la Convención el ánimo de hacer obligatoria la injerencia federal, siempre que sea requerida.

Apenas conoció el texto de esta reforma, Alberdi escribió a Urquiza desde Londres, expresándole su juicio desfavorable a ella. De admitírsela -decía- el poder del Gobierno Federal para restablecer el orden en una provincia rebelde se reduciría a la nada, porque sin el llamado de las autoridades carecería de facultad para acudir, aunque la guerra ardiese con peligro para toda la nación. Terminaba manifestando que el asunto era de vida o muerte, y lo incitó a asumir la franqueza que conviene a los grandes casos(31).

(31) Alberdi. Carta al general Urquiza (Septiembre 8 de 1860), en: “Escritos póstumos de J. B. Alberdi” (1900), tomo XIV, p. 829. Ed. Imprenta Alberdi, Buenos Aires. Esta carta llegó a su destino cuando las reformas ya estaban aceptadas. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

En una publicación de la época, Alberdi enunció con mayor detenimiento sus temores. Buenos Aires eludía las injerencias no requeridas por sus gobernantes y, como estos iban a ser los perturbadores, seguro estaba que jamás solicitarían la ayuda federal, anarquizando el país con sus actos(32).

(32) Alberdi. “Estragos del sistema federal de Norteamérica en las Repúblicas unitarias de origen español”, en “Escritos póstumos de J. B. Alberdi” (1900), tomo XII, p. 299. Ed. Imprenta Alberdi, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Seguí había formulado antes análoga crítica, diciendo que si las autoridades de una provincia se rebelasen contra la nación, el requerimiento nunca se produciría(33).

(33) Seguí. “El cuadro de las reformas”, en: “El Nacional Argentino”, (Paraná), Nro. 1.299, edición de Agosto 15 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

No hay base seria para imputar a la Convención tales propósitos. Por el contrario; se puede colegir que autorizó las intervenciones cuando hubiese revueltas contra la autoridad nacional. Trató el tema Elizalde: cuando se atenta contra la Constitución o las leyes nacionales -dijo Elizalde-, el Gobierno Federal interviene por derecho propio, sin requerimiento de la provincia y aún contra la voluntad de ella(34).

(34) “Convención de Buenos Aires”, sesión de Abril 27 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Por su parte, Mitre había escrito en el informe que el Gobierno Federal intervendría por derecho propio en caso de sedición extendida a más de una provincia, reproduciendo sin duda los términos empleados en una de las fórmulas que estudió la Comisión, aplicables al supuesto de que la seguridad nacional fuese amenazada.

La opinión de Sarmiento no había de andar lejos de éstas. La Constitución argentina -se lee en los “Comentarios”- limita la facultad del Congreso de declarar el estado de sitio y, en su defecto del presidente, a los casos de invasión y conmoción interior que pongan en peligro el ejercicio de la Constitución y de las autoridades creadas por ella, que son los mismos en que el presidente de Estados Unidos puede intervenir sin requerimiento de las Legislaturas o en su defecto de los gobernadores de Estado.

Este es un punto esencialísimo y privativo de las Constituciones federales. El Gobierno Federal no es árbitro en todas las conmociones interiores de las provincias, sino en aquéllas que tienen por objeto destruir o impedir la ejecución de las leyes nacionales.

Si una provincia por sus autoridades constituidas declarase no obedecer la Constitución o una ley del Congreso o invadiese a otra provincia, el caso de hacer armas o de estorbar el ejercicio de la Constitución está demasiado patente para que requiera dilucidación.

Y terminan los “Comentarios...” declarando que se debe intervenir sin requerimiento para sostener las leyes del Congreso en caso de que encuentren resistencia y después de haber probado los medios judiciales que la Constitución provee(35).

(35) Sarmiento. “Comentarios de la Constitución de la Confederación Argentina” (1895), en: “Obras de D. F. Sarmiento”, tomo VIII, p. 264. Imprenta Mariano Moreno, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Aludíase, pues, a revoluciones generales y locales, a revoluciones contra la nación o las provincias. Hablábase con cierta confusión, porque la falta de acuerdo sobre el valor preciso de las palabras originaba desorden en las ideas. La confusión subsistiría en cierto modo hasta 1922, en cuya fecha el Código Penal dio definición suficiente a los términos “rebelión” y “sedición”.

Aplícase desde entonces el primer calificativo a los actos de los que se alzan en armas para cambiar la Constitución Nacional, deponer algunos de los poderes públicos del Gobierno Federal, arrancarles alguna medida o concesión o impedir -aunque sea temporalmente- el libre ejercicio de sus facultades constitucionales o su formación o renovación en los términos y formas legales; y el segundo, a esos mismos actos cuando se dirigen contra la Constitución o autoridades de provincia(36).

(36) Código Penal (ley Nro. 11.729), artículos 226 y 229. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

De emplearse estas palabras con su valor actual en la exégesis de las ideas enunciadas en la Convención, podría admitirse que ella aceptó las intervenciones de oficio en los casos de rebelión o que al menos no se opuso a la interpretación formulada por Elizalde, y que exigió el requisito del requerimiento en los trances de sedición.

... de sus autoridades constituidas...”. Según el texto de 1853, la intervención, cuando no era de oficio, debía ser dispuesta con requerimiento de las Legislaturas o de los gobernadores. Sarmiento, convencional, pidió una fórmula de la que surgiese en modo inequívoco la antigua doctrina asentada en sus “Comentarios”: requieren la Legislatura y el gobernador; pero el requerimiento del gobernador es subsidiario del legislativo y válido tan solo cuando la Legislatura no puede reunirse.

Estas ideas tuvieron expresión exacta en dos de las fórmulas estudiadas por la Comisión, pero no en la adoptada, que atribuyó el derecho de requerimiento a las autoridades legítimas(37).

(37) “El Redactor de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal” (1860), Nro. 2, p. 10. Ed. Comercio del Plata, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Al ser recogida la fórmula en el informe, el adjetivo “legítimas” apareció sustituido por el adjetivo “constituidas”. La diferencia entre una y otra palabra no es baladí y merece ser atendida: autoridades legítimas son las conformadas a las leyes; constituidas son las establecidas, las existentes.

La sustitución de adjetivos vino a hacer más amplio -y a la vez más claro, menos sujeto a interpretaciones arbitrarias- el concepto de las autoridades válidamente facultadas para requerir.

A la Convención no debía escapar la diferencia, como que disponía de materia abundante donde aplicar el concepto. Tratárase, por ejemplo, de alguno de los Gobiernos que suscribieron el Acuerdo de San Nicolás, aún subsistentes varios de ellos: la mayoría de los convencionales les negarían posiblemente el carácter de legítimos, más ninguno podría negarles el de constituidos.

¿A cuáles autoridades de provincia se refirió la Convención? Es imposible dar una contestación categórica. Sarmiento opinaba que eran las Legislaturas en primer término y los gobernadores en su ausencia; Mitre sostenía una vez que eran los gobernadores y otra se remitía al mismo texto, explicando que autoridades constituidas son... las autoridades constituidas. La opinión de Sarmiento fue categórica:

Después de ocho años de ensayo -dijo- es que hemos podido estudiar todas las aplicaciones a que puede dar lugar este artículo; y hemos venido a comprender que estaba mal redactado, y tratado de sustituir la palabra sin ella de la primera redacción y poner con requisición de la Legislatura y en su defecto la del Gobierno de provincia”.

Al pronunciarse de este modo, Sarmiento incurría en un error en cuanto a la redacción del artículo pero, aun así, es forzoso asignar a sus palabras gran importancia como interpretación auténtica de la reforma. Las opiniones de Mitre fueron más accidentales y, por lo mismo, menos meditadas. El convencional Victoriano Escalada había pedido que se le explicase el texto, y Mitre le contestó que se prestigiaba la intervención por requerimiento “de los gobernadores”. Tal es la primera interpretación.

La segunda vino a desautorizarla, y se produjo en el momento de votarse la enmienda, a raíz de una objeción del doctor Basilio Salas, subrayada por un comentario de Alsina. Salas objetó que autoridades constituidas son también las subalternas, y Alsina agregó que lo es un Juez de Paz. En ese momento terció Mitre: “Una cosa quiere decir constituido en autoridad y otra autoridad constituida(38).

(38) “Convención de Buenos Aires”, sesión de Abril 27 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La sentencia sibilina puso fin a las dudas o por lo menos al debate; extraordinario ejemplo de sugestión, concebible sólo al amparo de la serenidad olímpica y contagiosa de su autor. Algún día, Sarmiento habría de recordar este debate para contraponer su actitud de defensor de las Legislaturas a la actitud de Mitre, que hacía de los gobernadores la única autoridad facultada para formular requerimientos(39).

(39) Sarmiento. “Las Intervenciones” (1895), en: “Obras de D. F. Sarmiento” (1900), tomo XXXII, p. 7. Imprenta Mariano Moreno, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

... para sostenerlas o restablecerlas si hubiesen sido depuestas por la sedición...”. Este objeto sustituyó al de “restablecer el orden público perturbado por la sedición”, que contenía el texto de 1853. La palabra “orden” -declaró Sarmiento en la Comisión- no tiene sentido legal alguno para definir el objeto, como la perturbación que no llega a ser la destrucción del orden no indica el momento en que la ayuda se torna indispensable.

El orden público puede ser perturbado por la sedición sin ser destruidas las autoridades constituidas que, por las Constituciones provinciales y por sus propios medios deben y pueden restablecerlo sin necesidad de acudir a auxilio extraño o lejano(40).

(40) “El Redactor de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal” (1860), Nro. 1, p. 1. Ed. Comercio del Plata, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

La Comisión aceptó estas ideas y propuso que se fijara la procedencia de la intervención si las autoridades hubiesen sido depuestas(41).

(41) “El Redactor de la Comisión Examinadora de la Constitución Federal” (1860), Nro. 1, p. 10. Ed. Comercio del Plata, Buenos Aires. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

Según el informe, no sólo se procedería para reponer autoridades, sino también para sostenerlas; se podría intervenir aunque no estuviesen derrocadas. Cuando el punto se llevó a la Convención, Sarmiento dijo que era preciso fijarse hasta en las palabras para evitar en lo sucesivo hechos como el de San Juan, que era “espantoso”.

La Comisión proponía, según Sarmiento, un texto claro para rechazar el principio de que la intervención fuese arma para quitar gobernadores. Si las autoridades locales rehusaran su ayuda, el Gobierno Federal prescindiría de obrar, porque no está obligado -dijo Vélez Sársfield- a contener la guerra civil dentro de las provincias(42).

(42) “Convención de Buenos Aires”, sesión de Abril 27 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

... o por invasión de otra provincia...”. Después de la citada observación de Alsina, expresiva de su temor de que el Gobierno Federal lanzara una invasión desde una provincia a otra para justificar intervenciones de oficio, Mitre propuso -según se ha explicado- que solamente se autorizasen éstas en caso de invasión exterior. Pidió a la vez que el requerimiento fuese previo a toda intervención en el caso de invasiones interiores.

Al irse a votar el artículo, Mármol propuso sustituir la fórmula “invasión interior” por la de “invasión de otra provincia”. Mitre aceptó la enmienda, y así quedó el precepto. Al expresar “invasión de otra provincia”, ¿entendió la Convención referirse a la entidad política así llamada o a grupos particulares de individuos provenientes de una provincia, como hoy se entiende?

La respuesta no puede ser categórica. En el informe, Mitre clasificó entre los motivos de intervención de oficio el de hostilidades entre dos o más provincias. Durante el debate, Sarmiento dijo que debía preverse el caso de invasión de una provincia a otra, como lo había contemplado la Constitución de Estados Unidos, dictada para una nación en la cual, siendo los Estados desemejantes en fuerza -pues que unos eran grandes y otros pequeños- estos pedían al Gobierno Federal que los protegiese contra los otros, aunque agregó, acto seguido, que el caso estaba resuelto en la Argentina por otro artículo de la Constitución, el actual 127, que indica que las hostilidades de hecho entre provincias son actos de sedición o asonada y que faculta al Gobierno Federal a sofocarlas y reprimirlas.

Alsina, por su parte, se había referido a grupos de individuos particulares, pero formuló la referencia sólo por vía de ejemplo(43).

(43) “Convención de Buenos Aires”, sesión de Abril 27 de 1860. // Citado por Luis H. Sommariva. “Historia de las Intervenciones Federales en las Provincias” (1931), tomo I, capítulo I: “Formación del texto constitucional”. Ed. El Ateneo, Buenos Aires.

- La República unida

El 12 de Mayo de 1860, la Convención dio término a sus tareas, y el general Mitre, en posesión ya de su nuevo cargo de gobernador de Buenos Aires, la invitó a celebrar el feliz éxito de sus actividades mediante un solemne Te Deum que se ofició en la Catedral de Buenos Aires. Llegaba luego el turno de la Convención Nacional.

El general Urquiza que, no obstante estar desprovisto desde hacía algún tiempo de la investidura presidencial, continuaba siendo el árbitro de la política, tuvo un momento de inspiración patriótica: desoyó los consejos de sus amigos apasionados e influyó ante los convencionales para que aceptasen sin discusión las reformas.

Los derechos del triunfo de Cepeda eran ofrendados así en homenaje de la concordia: Buenos Aires podía colocarse junto a sus hermanas sin soportar amarguras ni humillaciones, y la Constitución de 1853 se salvaba por siempre en sus grandes líneas, en sus instituciones vitales y en sus nobles propósitos.

El 14 de Septiembre de 1860, la Convención Nacional reunida en Santa Fe, aprobaba por aclamación las reformas. El nuevo presidente, doctor Santiago Derqui, las promulgó el 1 de Octubre; y el 25, Buenos Aires juró la Constitución reformada en la Plaza de la Victoria, recibiendo el juramento popular el gobernador Mitre.

Nueva vida iniciaba el país, y los nombres de Confederación Argentina y Estado de Buenos Aires pasaron a ser denominaciones pretéritas, sustituidas por las de Nación y Provincia, que la Constitución reformada adoptó oficialmente(44).

(44) Por eso se considera que el 1er. Presidente Constitucional de la Nación Argentina en el hecho y en el título es el doctor Santiago Derqui, ya que fue él quien promulgó la reforma de 1860 y gobernó de acuerdo a ella. En él recae la gloria de unir Buenos Aires con el resto de la República. Desempeñó el cargo con el título de Presidente de la Confederación Argentina ya con el país unificado -sobre catorce provincias- que abarcaban cerca de la mitad del territorio actual. [Los restos del primer presidente constitucional de la Nación Argentina unificada están sepultados en el Santuario de la Iglesia de la Cruz de los Milagros de la Ciudad de Corrientes]. // Citado por Gabriel Enrique del Valle.

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