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La segunda ley de imprenta de la provincia

En Diciembre de 1861, el derrocamiento del gobernador José María Rolón modificó el mapa político provincial. A partir de ese momento y hasta el inicio de la Guerra del Paraguay, los liberales ocuparon la mayoría de los principales cargos de gobierno.

Asimismo, algunos federales que habían tenido una destacada actuación o que habían dado sus primeros pasos en la arena política durante la Confederación, vieron cercenada la oportunidad de ampliar sus trayectorias. En un punto intermedio, figuras como Wenceslao Díaz Colodrero o José Ramón Vidal, que no se identificaban como federales pero que se distanciaban de la postura antiurquicista de los liberales, fueron considerados valiosos para la organización de la provincia y se integraron al nuevo Gobierno liberal (Bressan, 2016)(1).

(1) Los términos liberal y federal no remiten aquí a formas de organización institucional, sino a denominaciones partidarias utilizadas a partir de la década de 1850. // Citado por Raquel Bressan.

Por otra parte, los jefes milicianos, que habían tenido un marcado protagonismo en el levantamiento, no asumieron funciones ni en los cargos legislativos ni en el gabinete, pero algunos contaron con peso político en virtud de su capacidad de movilización miliciana e impusieron diversas condiciones a la dirigencia establecida en la Capital (Buchbinder, 2004).

Esta situación determinó que el nuevo Gobierno se asentara sobre una serie de frágiles alianzas que pronto comenzaron a resquebrajarse. Las dos formas más comunes de manifestación de aquellas posiciones divididas se centraron en los levantamientos armados y en las publicaciones realizadas en los diversos periódicos que comenzaron a surgir durante la década de 1860.

José Manuel Pampín y Juan Ignacio Lagraña introdujeron la primera imprenta particular en la provincia, en la cual se imprimió el periódico La Libertad, a partir de Junio de 1861. Un año más tarde, en la ciudad de Goya, se publicó La Esperanza, el primer diario que se editaba fuera de la Capital de la provincia.

Desde Diciembre de 1861, la Imprenta del Estado publicaba La Nueva Epoca, redactado por José María Cabral. La circulación de estos nuevos periódicos implicó que el fraccionamiento político en Corrientes contara, por primera vez, con un órgano de prensa que difundiera y legitimara cada una de las posiciones enfrentadas.

Aunque el crecimiento del número de diarios se hallaba muy distante de las cifras registradas por otras provincias para el mismo período, representó un significativo cambio para un espacio que había contado -durante más de tres décadas- con un solo diario oficial.

Además de los tres ya mencionados, durante la década de 1860 circularon nueve periódicos y, desde 1870 hasta 1881, se publicaron diecinueve más. La mayoría se editaba en la Capital y solo algunas pocas localidades como Goya, Mercedes y Esquina contaron con un impreso propio antes de 1880 (Mantilla, 1887).

En síntesis, el panorama periodístico correntino que comenzó a desarrollarse en esta etapa era muy diferente al que propició la sanción de la primera ley de imprenta.

Asimismo, la reforma de la Constitución Nacional en 1860 trasladó a la jurisdicción provincial la elaboración de leyes para la regulación de la libertad de expresión en los medios escritos. En este nuevo contexto, volvió a plantearse la necesidad de elaborar una nueva normativa, y las hojas de los impresos se convirtieron en el primer foro de debate sobre esta cuestión.

En Diciembre de 1861, en uno de los primeros números de La Nueva Epoca, Cabral abordó la necesidad de una ley que se adaptara a la nueva situación provincial y que, a la vez, garantizara los derechos de todos los ciudadanos, tal como había sido el espíritu de la sancionada en 1858 (Cabral, La Nueva Epoca, 1861).

Unos meses más tarde, luego de otro levantamiento en los Departamentos del sur de la provincia durante Julio y Agosto, este planteo comenzó a cobrar adeptos entre varias figuras prominentes del Gobierno (Archivo General de la Provincia de Corrientes), según lo relata Pedro Ferré a José Pampín.

A pocos meses de su inauguración, en La Esperanza se presentó la cuestión desde un enfoque diametralmente opuesto. En Diciembre, el diario publicó, en primera página, un extenso artículo de Evaristo Carriego, reconocido redactor entrerriano, en el cual se reflexionaba sobre las funciones de la prensa:

Jamás será excesiva la severidad con que el escritor ataque los más mínimos abusos del poder personal. Son tan fatales los resultados que produce el silencio...
Queremos, pues, el abuso de la palabra, si es necesario; queremos que la prensa salga de sus límites sino [sic] hay otro remedio, prefiriendo sus males pasajeros, con la esperanza de arribar al desenlace reparador a que conduce el pensamiento escrito, aunque vaya extraviado por algún tiempo...
La moderación de la prensa es buena y conveniente para otras épocas, pero ineficaz para luchar con las preocupaciones y con los hábitos que arraiga el despotismo, en un país despoblado por la guerra y desmoralizado por el imperio de la fuerza bruta... la prensa debe desempeñar el papel de censor implacable de los gobernantes absolutos, para enseñarles a ser respetuosos con la ley” (Carriego, La Esperanza, 1862).

En aquel artículo, como se puede observar en el pequeño fragmento que reproducimos, Carriego se reapropiaba de los conceptos utilizados por quienes abogaban por la regulación de la libertad de imprenta y les otorgaba una connotación positiva, en articulación con las funciones que debía cumplir la prensa.

Así, si la ley buscaba limitar y reducir los excesos de los diarios, Carriego ponía de relieve que el abuso de la palabra constituía una herramienta que obligaba a los gobernantes a no desviarse del camino de la ley. Por lo tanto, la prensa no debía restringirse, pues era el principal límite frente al despotismo.

En la misma línea de argumentación, Agustín Pedro Justo publicó, semanas más tarde, un nuevo artículo, en el cual reflexionaba sobre el rol de la prensa en la construcción de las sociedades democráticas.

Para el joven corresponsal de La Esperanza, este tipo de sociedad estaba conformado por, “un agregado de personas libres que constituyen un todo moral indivisible, tendiendo por las vías de la perfectibilidad al progreso, que es el cumplimiento único del destino del hombre”.

Así, la prensa cumplía un rol central para alcanzar ese destino, pero no podía lograrlo si era contenida, porque, “la libertad de pensamiento es un privilegio acordado por la Providencia a los varones justos, para destrozar la barrera de la barbarie, abriendo brecha al progreso de las sociedades” (Justo, La Esperanza, 1863).

Debemos subrayar que los argumentos en contra de la regulación de la libertad de imprenta, presentados a principios de la década de 1860, eran en esencia similares a los planteados en 1858 para abogar a favor de su sanción. Esto obedecía a que aquellas discusiones se asentaban sobre un imaginario compartido en el espacio latinoamericano sobre las funciones asignadas a los impresos.

El problema radicaba en que la prensa no era infalible. Más aún, había un reconocimiento explícito de los propios escritores respecto de los desvíos que, en muchas ocasiones, distanciaban a la prensa de su rol en la construcción del sistema republicano y en el alcance del progreso social.

Entonces, se puede observar que, hacia 1860, aún no se había resuelto el dilema presentado desde 1810 relativo a la distancia entre este deber ser y la práctica registrada por la prensa. Para el caso correntino, determinar cuál era el camino para reducir esa distancia, constituyó el nudo del debate legislativo de 1863.

Un segundo elemento que es necesario traer a colación es que este debate también estaba signado por las múltiples funciones desempeñadas por sus protagonistas. Parte importante de los periodistas, como José María Cabral, Gregorio y José Manuel Pampín, Juan Lagraña o José Ramón Vidal -quienes discutían desde las páginas de los impresos sobre la libertad de imprenta-, ocupaban una banca en la Legislatura Provincial cuando tuvo lugar esta discusión

Aquéllo agregaba un nuevo ingrediente a la complejidad de este debate, pues estaba en juego si debía sancionarse una nueva ley que impusiese límites a las publicaciones de las que ellos mismos formaban parte. En este sentido, se observa cómo se solapaban los diferentes ámbitos que habían sido concebidos como mecanismos de control para el desenvolvimiento del sistema republicano.

Más allá de las objeciones, la nueva ley de imprenta se sancionó finalmente el 25 de Marzo de 1863. En ella aparecían singulares diferencias respecto de su predecesora, que reflejan aquel trasfondo del debate que guió su elaboración. El primer artículo incluía una clara defensa de la libertad de prensa, al establecer que “es enteramente libre la comunicación de los pensamientos por publicaciones hechas por medio de la prensa en toda materia sin censura previa” (Figuerero, 1919).

Este enunciado simbolizaba un significativo avance con respecto a la ley de 1858 que, en su carácter de transitoria, hasta que se reglamentase el artículo 14 de la Constitución, no había introducido ninguna declaración relativa a la libertad de la prensa.

Pero, a su vez, también se responsabilizaba al autor o impresor de toda obra que abusara de este derecho. Por último, además de sostener la diferenciación entre aquellos delitos cometidos contra particulares o contra la sociedad, se especificaron y endurecieron las penas para cada caso. Para el primero, las sentencias podían incluir una multa, el arresto o la prohibición de escribir durante un período que contemplaba entre los dieciséis días hasta los seis meses.

Para los abusos contra la sociedad se preveían penas que contemplaba la proscripción de publicar en la prensa por un lapso de seis meses a dos años, o ser condenado a prisión o destierro desde dos meses hasta un año en forma proporcional al abuso cometido (Figuerero, 1919).

El endurecimiento de las penas obedecía -como había señalado Cabral-, a la necesidad de adecuar la nueva ley a la situación política imperante(2) y daba cuenta de qué factores contribuyeron a resolver el problema presentado por una práctica fehaciente que desvirtuaba los objetivos de la prensa.

(2) En esos años, la inestabilidad política local surgía de recurrentes levantamientos armados. Asimismo, la fragmentación política se vio agudizada por la falta de certidumbre sobre cuál sería la actitud que tomaría Justo José de Urquiza frente a las rebeliones federales contra el Gobierno Nacional iniciadas en La Rioja (Buchbinder, 2004; De la Fuente, 2007) // Citado por Raquel Bressan.

Si la sanción de la ley de 1858 puso de relieve el juego de frenos y contrapesos en la relación entre Ejecutivo y Legislativo, la de 1863 mostró el dilema en torno a la capacidad de autorregulación intrínseca de los múltiples roles desempeñados por los actores políticos: ¿Qué función debía primar? ¿Correspondía que, como agentes de la prensa, ponderaran la capacidad de censurar los actos de gobierno sin ningún tipo de restricción, o debían pesar más sus obligaciones como funcionarios públicos para imponer un marco regulatorio a los impresos en pos de la estabilidad política?

Nuevamente el contexto político inclinó la balanza a favor de quienes consideraban que una libertad absoluta podía generar efectos adversos y profundizar la inestabilidad política de los primeros años de la década de 1860.

Más allá de las implicancias de los debates suscitados durante el tratamiento y sanción de esta ley, su aplicación tuvo un desarrollo bastante singular. La Constitución Provincial reformada en 1864 estableció, en su artículo 12, que “toda persona tiene derecho de examinar y censurar por la prensa la conducta de los Poderes Públicos, y no se darán leyes para coartar este derecho” (Gobierno de Corrientes, 1881, p. 2).

Dicho artículo colocó en una situación de ambigüedad la aplicación a la ley de 1863 ya que, al no ser ratificada luego de la reforma constitucional, se la consideró sin validez. Así, años después, Valentín Virasoro expresará, en las sesiones de la Legislatura de 1878, que el artículo 12 nunca había sido reglamentado y que Corrientes carecía de ley de imprenta.

- Algunas consideraciones

La prensa era un aspecto constitutivo de la política decimonónica. Esto implicaba que muchos actores políticos no sólo alternaran sus actividades como funcionarios con la participación en la prensa, sino que las realizaran en forma simultánea, como se observó para el caso correntino.

Entonces, sobre aquel dilema compartido en el espacio latinoamericano con respecto a estimular o regular la libertad de opinión, se asentaron tensiones específicas derivadas de esta dualidad de funciones. En una etapa con coyunturas cambiantes y un panorama político incierto, se les impuso a estos actores -que se desempeñaban como legisladores y periodistas- adquirir las habilidades de Jano para poder dilucidar qué función debía primar en pos de sostener el sistema republicano y la estabilidad política.

Las formas en que este dilema fue resuelto, permitieron evidenciar cómo las prácticas políticas informales e institucionales, se articularon y reposicionaron en relación con las diferentes coyunturas políticas.

A su vez, del debate sobre la regulación de los impresos, también formaba parte de un componente no siempre explícito: ¿resultaba imprescindible sancionar leyes de imprenta para limitar el accionar disruptivo de los sectores opositores?

Las diferencias entre el contexto correntino, existente a principios de la década de 1860, con el que comenzó a gestarse pocos años después, promovieron dos respuestas diametralmente opuestas en cada etapa.

Así, cuando la inestabilidad institucional se agudizó en forma recurrente, la preocupación sobre las leyes de imprenta fue relegada, principalmente, porque la suspensión de las garantías constitucionales por extensos períodos otorgó a los diferentes Gobiernos mecanismos más directos para contener las acciones de la prensa.

Además, porque se consolidó la idea de que el exilio, representaba la mejor opción para controlar al adversario. Sin embargo, las trayectorias analizadas mostraron que, a partir de la participación de la prensa en otras provincias, los actores desterrados buscaron mantener su influencia política, lo cual nos remite a otra dimensión de la articulación entre prensa y política: la posibilidad que presentaba la redacción en determinados periódicos para ampliar la resonancia de cuestiones locales a nivel nacional y mantener cierta gravitación sobre los asuntos provinciales más allá del exilio.

Las formas de pensar los vínculos entre la política y la prensa latinoamericana del siglo XIX se transformaron notablemente en las últimas décadas. Los impresos dejaron de ser considerados meros repositorios de datos para la construcción de la historia política, y en la actualidad son comprendidos como un factor integrante de la política decimonónica (Alonso, 2015).

Dentro de las diversas líneas de investigación que han nutrido esta temática, se destacan en los últimos años las preguntas vinculadas a una de las dimensiones constitutivas de esa relación: el derecho a publicar libremente la opinión. La declaración de la libertad de imprenta fue una de las primeras medidas adoptadas por los diversos Gobiernos surgidos en Hispanoamérica a partir de la crisis monárquica.

Sin embargo, su concepción como un derecho del ciudadano y como un medio de control del poder representó un agudo dilema para los sectores dirigentes. Como señalan Noemí Goldman (2000) y Marta Bonaudo (2008), si bien los Gobiernos debían consolidar las libertades que legitimaban su nuevo poder, éstas también representaban una clara amenaza para aquel orden que se buscaba afianzar. Así, aquellos Gobiernos se vieron en la disyuntiva de estimular la libre opinión o regular los excesos, abusos y críticas dirigidas a las autoridades o a particulares.

En forma reciente, varios trabajos han examinado los diversos debates generados en pos de aquella disyuntiva como, asimismo, los mecanismos adoptados para restringir la libertad de opinión. Desde otra perspectiva de análisis, se examinaron los procesos judiciales vinculados a los delitos de imprenta y el funcionamiento de los jurados populares. Estas investigaciones, centradas en indagar la constitución de una esfera pública moderna, evidencian la construcción de un consenso general que ubicaba al honor como único límite aceptable para la libertad de opinión (González Bernaldo, 1999; Piccato, 2003; García Garino, 2012).-

A partir del análisis de distintos casos provinciales, estos estudios abordan -desde una nueva mirada- los procedimientos implementados para acallar las voces opositoras en la prensa (Wasserman, 2009; Navajas, 2013; Cucchi, 2014). Así, los distintos tipos de intervención -para regular la libertad de imprenta-, dejaron de ser concebidos como hechos excepcionales y pasaron a ser comprendidos dentro de las prácticas que configuraron los procesos políticos provinciales.

De esta forma, la clausura de los periódicos y el empastelamiento o incendio de las imprentas, como también la sanción de leyes y reglamentaciones que regularon el funcionamiento de las publicaciones, cobran un nuevo significado al ser pensados en articulación con dinámicas políticas específicas.

Inscripto en esa línea de análisis, es que se indaga cómo las prácticas implementadas para controlar el tono beligerante de los periódicos se vinculaban a las trayectorias políticas de los redactores. Reconstruir los debates sostenidos en la provincia de Corrientes sobre las medidas regulatorias de la libertad de imprenta y examinar el uso que algunos dirigentes hicieron de la prensa como herramienta para limitar la pérdida de gravitación política que había resultado de su exilioson elementos a tener en cuenta.

Para dar cuenta de esta doble interacción, hubo que describir, en primer lugar, las características de los periódicos de la provincia, reponiendo los debates en torno a la sanción de las leyes de imprenta durante la segunda mitad del siglo XIX y, en segundo lugar, analizar la participación de Agustín Pedro Justo, Miguel Morel y Santiago Baibiene, en La Nación de Buenos Aires y La Democracia de Concepción del Uruguay; las alianzas políticas que posibilitaron su inserción en estos diarios tras su exilio forzado de Corrientes y las principales temáticas abordadas en sus artículos.

BIBLIOGRAFIA

* R. Bressan, R. (2016). Dinámicas e interacciones de los elencos políticos del Litoral de los Ríos durante la emergencia del sistema político y del Estado Nacional (Obras de infraestructura y organización territorial. 1862-1883). Tesis de Doctorado inédita. Doctorado en Ciencias Sociales. Universidad Nacional de General Sarmiento/Instituto de Desarrollo Económico y Social, Buenos Aires.

* P. Buchbinder (2004). Caudillos de pluma y hombres de acción. Ed. Prometeo - Universidad Nacional de General Sarmiento, Buenos Aires, Argentina.

* M. Mantilla (1887). Bibliografía periodística de la provincia de Corrientes. Librería de Mayo, Buenos Aires, Argentina.

* Archivo General de la Provincia de Corrientes (AGPC), Corrientes, Argentina - Carta de Pedro Juan Ferré a José Manuel Pampín. 31 de Julio de 1862. Carpeta 4, Archivo José Pampín.

* M. Figuerero (1919). Bibliografía de la Imprenta del Estado en Corrientes. Desde sus orígenes en 1826 hasta su desaparición en 1865, pp. 315-316. Casa Editora Coni, Buenos Aires, Argentina.

* A. De la Fuente (2007). Los hijos de Facundo. Caudillos y montoneras en la provincia de La Rioja durante el proceso de formación del Estado Nacional argentino. Ed. Prometeo, Buenos Aires, Argentina.

* F. Wasserman (2009). La libertad de imprenta y sus límites: prensa y poder político en el Estado de Buenos Aires durante la década de 1850, en: Almanack Brasiliense, Nro. 10, pp.130-146.

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* N. Goldman (2000). Libertad de imprenta, opinión pública y debate constitucional en el Río de la Plata (1810-1827). Prismas, Revista de Historia Intelectual, Nro. 4, pp. 9-20.

* G. García Garino (2012). Honor y libertad de prensa: dos procesos judiciales por injuria (Mendoza, 1860), en: Estudios Avanzados, Nro. 17, pp. 63-86.

* P. Piccato (2003). Jurados de imprenta en México: el honor en la construcción de la esfera pública. 1821-1882, en: P. Alonso (Comp.), Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de los Estados Nacionales en América Latina. 1820-1920 (pp. 139-166). Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, Argentina.

* L. Cucchi (2014). Prensa política y libertad de expresión en la provincia de Córdoba en la segunda mitad de siglo XIX: la ley de imprenta de 1879, en: Revista de Indias, Nro. 74 (260), pp. 211-240. DOI:http://dx.doi.org/10.3989/revindias.2014.008.

* M. Navajas (2013). La prensa tucumana durante el juarismo: disputas políticas y querellas judiciales, en: Anuario del Centro de Estudios Históricos “Prof. Carlos S. A. Segreti”, Nro. 13, pp. 111-127. Recuperado de http://cehsegreti.org.ar/archivos/FILE_00000422_1457637811.pdf.

* P. González Bernaldo (1999). Literatura injuriosa y opinión pública en Santiago de Chile durante la primera mitad de siglo XIX, en: Estudios Públicos, Nro. 76, pp. 233-262.

* M. Bonaudo (2008). Aires gaditanos en el mundo rioplatense. La experiencia de los jefes políticos y el juicio por jurados en tierras santafesinas (segunda mitad de siglo XIX), en: Revista de Indias,Nro. 68 (242), pp. 255-280. DOI: http://dx.doi.org/10.3989/revindias.2008.i242.642.

Periódicos:

* La Nueva Epoca (Corrientes), edición del 19 de Diciembre de 1861 - “El sacerdocio de la prensa periódica”, p. 3.

* La Esperanza (Goya), ediciones,
- del 14 de Diciembre de 1862, p. 1 - “La prensa” en: HUNLP, La Plata.
- del 4 de Enero de1863, p. 2 - “La prensa”.

// Todo citado por Raquel Bressan. Libertad de imprenta y exilio. Corrientes (1858-1881). https://cerac.unlpam.edu.ar/index.php/quintosol/article/view/2661/3633.-.

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