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Reglamento Provisorio de Justicia de 1842

El gobernador Pedro J. Ferré, en 1842, después del triunfo de Caá Guazú (28 de Noviembre de 1841) y durante el traslado del Ejército correntino, comandado por el general José María Paz a la provincia de Entre Ríos, creyó propicio que la Legislatura correntina tratase un cambio en la Administración de Justicia(1).

(1) Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Moglia Ediciones, Corrientes.

El 2 de Agosto 1842, la Legislatura aprobó un Reglamento Provisorio de Justicia, dividido en ocho Secciones, tituladas de la siguiente manera: Magistratura Judicial, Jueces de Paz, Jueces de primera instancia, Juez de primera instancia de lo Civil y Comercial, Juez de primera instancia del Crimen, Alcalde Mayor, Cámara de Justicia y Disposiciones Generales.

Se proclamaba al Poder Judicial absolutamente independiente y conformado por Jueces de Paz, de Primera Instancia, Alcalde Mayor y Cámara de Justicia. Respecto a la Justicia de Paz, los magistrados continuaban conociendo verbalmente todas las causas que no excedieran los 25 pesos, cuya sentencia se apelaba ante los jueces de Primera Instancia (Art. 2).

Desde la aprobación del presente Reglamento, los Alcaldes dejaron de llamarse así para denominarse Jueces de primera instancia. En la Capital, el Alcalde -que se ocupaba en materia criminal- pasaria a ser Juez de primera instancia en esa materia, mientras que el otro, que se abocaba al fuero Civil y Comercial, correspondía el de Juez de primera instancia en estas áreas (Art. 3).

El Juez de primera instancia en lo Civil y Comercial tenía competencia en los casos de veinticinco a cien pesos, procediendo verbalmente; en las causas cuyos montos comprendiesen de ciento uno a quinientos pesos, el procedimiento era por escrito. Las causas de quinientos uno a mil o más pesos también eran por escrito, con apelación al Alcalde Mayor y la Cámara de Justicia (Arts. 7 al 10).

Respecto al Juez de primera instancia del Crimen, a éste debían abocarse todas las causas criminales y de contrabando. Cuando el litigio estaba ligado al contrabando, el inicio de la causa debia comunicarse al Poder Ejecutivo, mientras que los litigios criminales había que hacerlo ante la Cámara de Justicia (Art. 24). Cuando la sentencia establecía pena corporal o muerte, la Cámara de Justicia debía expedirse por unanimidad.

La figura del Alcalde Mayor, regulada en la Sección VI, adquiría preponderancia, ya que su función consistía en intervenir en todas las causas de hacienda e intestato, exceptuando las de contrabando (Art. 27).

Aquellas causas que no superasen quinientos pesos se harían verbalmente y las comprendidas entre quinientos uno y mil pesos se sustanciarían por escrito. Finalmente aquellas causas que superaban este último monto se hacían por escrito hasta agotar las tres instancias: Alcalde Mayor, Juez de primera instancia y Cámara de Justicia.(Arts. 27, 28, 29).

En estas causas existía una última instancia que es el recurso extraordinario de nulidad e injusticia notoria, que se interponía ante la misma Cámara. La Cámara de Justicia conocía y resolvía todas las causas, cualesquiera sea su naturaleza y valor, que estuviesen pendientes por nulidad e injusticia notoria (Art. 47). Este Cuerpo se reunía generalmente los días martes y viernes, cuatro horas por la mañana y dos por la tarde (Art. 41).

La conciliación de las partes en materia Civil y Comercial eran constantemente instadas por la Judicatura, la que se podría dar en cualquier estado del proceso, todo ello para simplificar la resolución de los pleitos y el lento proceder de la Justicia.

El mismo día que la Legislatura aprobó el Reglamento de Justicia (2 de Agosto de 1842), por ley separada, estableció inmediata y provisoriamente el funcionamiento de la Cámara de Justicia hasta la erección del Superior Tribunal, el que tendría que estar compuesto por un Presidente y dos “hombres buenos”, y que los debía nombrar el gobernador.

El artículo Noveno de la citada ley rezaba:

La Cámara de Justicia inviste todas las demás facultades y prerrogativas otorgadas a las antiguas Audiencias de América por las leyes generales de su institución, que se declaran vigente en todo cuanto directa o indirectamente no se opusiere a la presente ley y demás de la provincia(2).

(2) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1936), p. 17, tomo quinto, años 1842-1846, Corrientes. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R.L., Corrientes.

Dos meses después la misma Legislatura decidió dejar en suspenso provisoriamente la aplicación del nuevo Reglamento de Administración de Justicia, debido a la disminución notoria de personas capaces que pudiesen cubrir los cargos judiciales, ya que los sucesos políticos absorbían los mayores esfuerzos físicos y mentales de todos los correntinos, además de destinarse hasta el último centavo del Erario Público a la lucha contra los ejércitos de Juan Manuel de Rosas(3).

(3) “Registro Oficial de la Provincia de Corrientes” (1936), pp. 96 y 97, tomo quinto, Años 1842-1846, Corrientes. Imprenta del Estado. // Citado por Dardo Ramírez Braschi. “Judicatura, Poder y Política (la Justicia en la provincia de Corrientes durante el siglo XIX)” (2008). Ed. Moglia S. R. L., Corrientes.

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