El histórico triunfo radical de Abril de 1931
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El Gobierno de facto del general José Félix Uriburu decidió cumplir el primero de los tramos de su plan político: las elecciones en la provincia de Buenos Aires el día 5 de Abril de 1931. Los diarios informaban de que los comicios se habían desarrollado, en general, sin mayores inconvenientes en todo el territorio provincial. Se confiaba en el triunfo del partido Conservador y en el desprestigio radical.
Los números de los comicios anteriores, cuando aún el radicalismo gobernaba en esa provincia, ya eran demostrativos de su declinación. Así, en las elecciones de diputados nacionales en 1928, habían obtenido 216.432 sufragios, que se reducen en la elección de gobernador de 1929 a 178.515 y en las de diputados nacionales de 1930 a 172.884 votos.
Por el contrario, su adversario conservador, que había reunido en 1928 sólo 73.506 votos, pasaba en 1929 a tener 125.216 y en la de 1930 un total de 154.261. ¡Cómo no tener la seguridad de que con el apoyo oficial se llegaría a triunfar cómodamente!
Sin embargo, los resultados fueron otros, y el radicalismo tendrá su histórico triunfo en la primera provincia argentina. Los resultados definitivos, conocidos bastante después, arrojaron un total de 218.000 votos. Es decir, se había vuelto a las cifras de 1928, cuando Hipólito Yrigoyen fue “plebiscitado”, según el decir de la época.
Los conservadores, realmente, hicieron una muy buena elección, pues alcanzaron la cifra de 187.000 sufragios, pero no les alcanzó. A su vez, los socialistas -que en la última elección de esta provincia habían obtenido 26.307 votos- aumentaran a 41.000 su caudal electoral(1).
(1) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 5 de Abril de 1931; y Juan V. Orona. “La Revolución del 6 de Septiembre” (1966), p. 125. Ed. López, Buenos Aires. // Todo citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.
En rigor de verdad, no todo estaba perdido para los objetivos buscados por el Gobierno de facto, ya que siendo indirecta la elección de gobernador por el sistema de Colegio Electoral, el radicalismo -pese al triunfo- no había logrado el número de electores necesarios para consagrar a su candidato, contando sólo con 56, mientras los conservadores lograban 49. De manera que la decisión final iba a quedar en manos de los socialistas, constituidos en árbitros con sólo 9 electores.
Pero, pese a las intensas gestiones realizadas, en principio no se logró el apoyo de estos para votar a los conservadores. La posterior anulación de estos resultados, mucho más adelante, hizo imposible conocer cómo habrían actuado en definitiva las fuerzas que apoyaban al Gobierno. Y cabe aquí una reflexión acerca de cuál hubiera sido el resultado de haber actuado esas fuerzas unidas en una Federación Nacional Democrática, y no separadas, como finalmente concurrieron a las urnas, por decisión de los propios conservadores bonaerenses.
Y no quepa duda, de que estos resultados fueron un alerta roja para Corrientes, donde la intransigencia liberal podía determinar un reacomodamiento de fuerzas autonomistas con otros partidos, en miras a la consecución de la gobernación provincial, teniendo en cuenta precisamente la similitud del sistema electoral con el vigente en la provincia de Buenos Aires.
Resulta interesante la opinión del propio ministro del Interior, aunque expresada algunos años después:
“El 5 de Abril se llama -dice el doctor Matías Sánchez Sorondo- por primera vez a elecciones. La provincia de Buenos Aires fue la designada para auscultar el estado de opinión. Ese acto electoral cuenta entre los más libres que haya presenciado el país.
“Contra todas las previsiones, triunfó en ella el partido radical, que se impuso por una mayoría relativa sobre el partido conservador. El tercer lugar lo ocupó el partido socialista.
“Tal resultado conmovió al Gobierno. Parte de las Fuerzas Armadas consideró equivocada la política seguida, de permitir al radicalismo el acceso a los comicios. Puede pensarse, acaso, que tenían razón dentro de la lógica sediciosa. No se derriba a un partido para invitarlo después a las urnas”.
El ministro del Interior -autor de esa política- y que quería el amplio cumplimiento de todas las promesas hechas al pueblo, renunció el 15, asumiendo la plena responsabilidad de sus actos y expresando que para él “la razón de los números no es la del entendimiento".
“La renuncia fue aceptada y el panorama cambió. Se anularon esas elecciones, cometiendo un grave error institucional; más tarde se excluyó al partido radical de toda participación en la vida política; segundo error”(2).
(2) Matías G. Sánchez Sorondo. “6 de Septiembre de 1930”, en “Revista de Historia”, Nro. 3, primer trimestre de 1958, p. 105; y Juan V. Orona. “La Revolución del 6 de Septiembre” (1966), pp. 125 - 126. Ed. López, Buenos Aires. // Todo citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.
Los ministros de Guerra y Marina sugirieron el retiro de Sánchez Sorondo y, el 16 de Abril, 800 oficiales de las Fuerzas Armadas, le brindaron su apoyo; el Gobierno de facto, a los dos días de la renuncia de su ministro político, habiéndose hecho cargo en su reemplazo el ingeniero Octavio S. Pico, resolvió suspender las elecciones convocadas para las provincias de Santa Fe, Corrientes y Córdoba y que debían realizarse los días 19 de Abril y 24 de Mayo siguientes.
Los fundamentos del decreto hablaban de “aquietamiento de las pasiones que se ponen de manifiesto en algunas provincias”, que “algunos de los partidos políticos que se han presentado mantienen una solidaridad expresa o tácita con el régimen depuesto”, “el engaño con que ciertas agrupaciones mantienen al electorado sobre la situación del país” y formulaba una afirmación de que “si bien el Gobierno no desconocerá ningún pronunciamiento comicial por haber prometido acatar las decisiones de la soberanía popular y respetará el veredicto de las urnas en la provincia de Buenos Aires...”.
Y volvían a traer al tapete el proyecto originario de convocar primeramente a elecciones de diputados nacionales y constituir el Congreso, porque el problema planteado por la sublevación septembrina no era político sino institucional; no era de hombres sino de sistemas; no era transitorio sino permanente; y no era local sino nacional, terminando los considerandos con una clara advertencia de que “era menester no olvidar que el Gobierno de la revolución que tiene el poder necesario para impedir la restauración del régimen de los hombres depuestos el 6 de Septiembre, no puede ni debe dejar de cumplir su programa mientras todo el país no lo diga por el órgano de sus mandatarios legales, y que lo esencial, por lo tanto, era llegar en primer término a esa finalidad”.
Dice Orona, que tales considerandos y la parte resolutiva, hacían presumir el comienzo del fin del régimen de facto surgido de la insurrección de Septiembre; y así, suspendidas las elecciones, el 8 de Mayo se dictó un nuevo decreto por el que se resolvía convocar al pueblo argentino para el día 8 de Noviembre -6 meses después- para la elección de los poderes Ejecutivos y Legislativos provinciales (necesarios estos últimos para elegir senadores nacionales) y de diputados nacionales y senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, estableciéndose que dentro de los sesenta días se convocaría al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias para decidir sobre la necesidad de la reforma de la Constitución Nacional.
El Gobierno expresaba su prescindencia en la preparación de las soluciones electorales que dieran los partidos políticos, pero los invitaba para que en el término fijado para estos comicios, se organizaran o reorganizaran a fin de alcanzar las soluciones patrióticas que el país reclamaba.
Si dentro de ese término, las fuerzas cívicas llegaban a una concordancia para la mencionada reconstrucción institucional y hubieren proclamado fórmulas para presidente y vicepresidente que signifíicaran una garantía de orden y de progreso, el Gobierno de facto -que no respondía a intereses banderizos- extendería dicha convocatoria a las elecciones presidenciales para que se realicen conjuntamente con las demás.
Si los partidos políticos no llegaran a esos resultados, el Gobierno de facto, que entiende no debe prolongar su cometido sin término, convocará a elecciones de presidente y vicepresidente inmediatamente de instalado el Congreso(3).
(3) Diario “La Prensa”, (Buenos Aires), edición del 9 de Mayo de 1931. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.
- Consecuencias del fracaso del plan político
El fracaso del plan político con las elecciones del 5 de Abril en la provincia de Buenos Aires, había traído como consecuencia una crisis de gabinete, provocando la renuncia de sus integrantes. Frente a esta emergencia, el presidente de facto, José Félix Uriburu, ofreció al doctor Lisandro de la Torre la cartera política y éste, de acuerdo con la postura que había asumido desde el inicio del Gobierno provisional, no la aceptó; quiso comprometer al general Agustín Pedro Justo pira igual cargo, pero éste la rehusó, consecuente con sus aspiraciones políticas presidenciales, a las que la aceptación de esta función pondría fin y terminó designando a su ministro de Obras Públicas, ingeniero Octavio Pico, por sugerencia del propio general Justo.
Potash, el agudo analista estadounidense, dice que la lucha entre Uriburu y Justo se libró tras una fachada de unidad y los límites de esa lucha estaban determinados por la oposición de los dos contendientes al retorno radical, y su deseo común de evitar una situación en la cual el prestigio militar se viese expuesto al ridículo.
La táctica del general Justo consistió en evitar el desempeño de algún cargo importante en el Gobierno de Uriburu, pues la ventaja implícita de esta actitud era el hecho de que evitaba el compromiso que afectaba a todos los miembros del gobierno de Uriburu, en el sentido de que ninguno de sus miembros aspiraría a la presidencia en elecciones futuras(4).
(4) Robert Potash. “El Ejército y la Política en Argentina. 1928 - 1945 (de Yrigoyen a Perón)” (1985), p. 96. Ed. Hyspamérica, Buenos Aires. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.
Como una consecuencia lógica de lo anterior, en la misma fecha se firmó otro decreto, disponiéndose la suspensión de la convocatoria al Colegio Electoral de la provincia de Buenos Aires y, mucho más adelante, el 8 de Octubre, se anularon finalmente las elecciones del 5 de Abril de dicho Estado Provincial.
“Tal el desenlace -dice Orona- de estas elecciones que significaron sin duda un duro golpe y una amarga lección para el Gobierno provisional y sobre todo, contribuyeron a reconfortar al radicalismo y a entibiar el entusiasmo de los partidos que inicialmente creyeron en los frutos de la revolución de septiembre.
“Animó, asimismo, el espíritu contrarevolucionario, como lo veremos en el levantamiento de Corrientes”(5).
(5) Juan V. Orona. “La Revolución del 6 de Septiembre” (1966), pp. 127 a 129. Ed. López, Buenos Aires. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.
Los cambios ministeriales determinaron la lógica renuncia de los interventores federales, situación que fue prolijamente analizada en el Ministerio del Interior. En la oportunidad, el presidente y el ministro mantuvieron prolongadas conversaciones con personalidades representativas de las esferas políticas sobre la situación de diversas provincias, concurriendo entre otros el ex senador Vidal al frente de una delegación del partido autonomista de Corrientes.
También lo hizo el comprovinciano salteño del presidente, el doctor Robustiano Patrón Costas y, el tema más candente, estuvo ligado a la Intervención en la provincia de Buenos Aires. Finalmente fue Manuel R. Alvarado, quien había sido designado recientemente para cumplir iguales funciones en la provincia de Jujuy.
Los acontecimientos narrados nos han obligado a dejar de lado los trabajos tendientes a la formación de un partido nacional, como lo recomendara el general Uriburu en su manifiesto del 1 de Octubre, y de lo cual se hicieron eco en Corrientes los liberales y los conservadores de la provincia de Buenos Aires.
Como analiza acertadamente el doctor Emilio J. Hardoy(6), la creación de este partido supuso bloquear la Federación Nacional Democrática y preparar su disolución; se iniciaba entonces una difícil tramitación entre los partidos que integraban la Federación y el Gobierno, hasta que las autoridades del partido Conservador de la provincia de Buenos Aires invitaron a constituirlo formalmente. Esto comportó la ruptura de la Federación Democrática que quedó oficialmente consumada poco después.