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Se intensifican las diferencias. Detenciones en Corrientes
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Hacia 1955, los ataques contra la Iglesia Católica no sólo provenían de las distintas organizaciones a nivel sindical, profesional o político, sino que a través de los poderes del Estado comenzó a acentuarse en forma definitiva lo que podríamos llamar “el no regreso”.
Clara definición de ello resultó la ley por la cual se suprime la enseñanza religiosa en las escuelas, aprobada por amplia mayoría en ambas Cámaras, siendo de destacar que los radicales, que estaban representados sólo en la de Diputados, votaron en contra, más allá de que sus posturas eran favorables a esa decisión, aunque querían que se aprobara en su reemplazo la ley Nro. 1420.
Otra decisión del Congreso fue la ley disponiendo la derogación de todas las disposiciones legales o reglamentarias que acordaban exenciones de impuestos, tasas o contribuciones a instituciones religiosas, a sus templos, conventos, colegios y demás dependencias, a los bienes que poseyeran o los actos que realizaran.
Un decreto del Poder Ejecutivo determinaba que el Ministerio del ramo debía decidir sobre la colocación de placas, imágenes, inscripciones u otros objetos, en los locales de enseñanza y, los colocados con anterioridad, debían ser retirados cuando se los considerara redundantes.
En el mensaje al Congreso, el presidente Juan Domingo Perón catalogaba de evidente injusticia la afirmación de que el Gobierno no tenía nada que ver con el alma de los hombres y que el Estado no debía ocuparse de los problemas espirituales, agregando que si se le negaba esa facultad, se le estaba negando el legítimo derecho de promover la elevación cultural del pueblo.
Y en esa misma oportunidad, sostenía que si la Constitución Nacional era un obstáculo en el camino que sigue el pueblo, no se debía dudar un instante en declararla caduca, en nombre de la doctrina nacional. En forma más que clara, se sugería la necesidad de una reforma constitucional.
En horas de la tarde, se realizaba la concentración convocada por la C. G. T. y, tras la entonación de la canción patria y la marcha “Los muchachos peronistas”, habló el Secretario General, Eduardo Vuletich y, con relación al conflicto con la Iglesia, se explayaba diciendo que
“nosotros, los trabajadores, preferimos al que nos habla en nuestro idioma, que entendemos, y no al que nos reza en latín, que no entendemos, que sigue de cara al altar y de espaldas al pueblo”.
Terminó anunciando que la Central sindical postulará la conveniencia de revisar la Constitución, acorde con la voluntad del pueblo, separando la Iglesia del Estado.
Haciéndose eco de ello, Perón decía que “si el pueblo decide que se queden, se quedarán; si el pueblo decide que han de separarse, se separarán; y si el pueblo decide que han de irse, se irán” e insistía en señalar que “el Gobierno no tiene otro soberano que el pueblo”.
La proyectada declaración de la necesidad de la reforma comenzó a tratarse inmediatamente en Diputados, donde se suscitó un agrio debate al ser combatido por los radicales y, tan pronto fue aprobada, se la envió al Senado que, con mayor celeridad aún, le prestó asentimiento al día siguiente, y el Poder Ejecutivo la promulgaba inmediatamente.
Quedaba abierta la etapa constitucional necesaria para la convocatoria a elecciones de diputados a una Convención Nacional reformadora.
Una ingrata consecuencia de esta proyectada reforma, era que tanto los empleados públicos como los profesores debían adherir, en forma expresa, a la separación que se propugnaba. Así ocurrió en todo el país, pero en Córdoba, donde el personal de la Administración debía manifestarse en tal sentido, determinó al arzobispo a expresar, en un comunicado, que ningún católico podía prestar su adhesión implícita o explícita a la separación de la Iglesia y el Estado, a la enseñanza laica y al divorcio.
Se asegura que muchos empleados se negaron a firmar, en razón de sus convicciones, por lo que se modificó la fórmula, estableciendo que era sólo una separación política y económica, aclarándose que esta última está permitida. Se aseguraba que, hasta el momento, habían firmado, adhiriendo espontáneamente, el 95 % de los empleados.
En Tucumán, en la iglesia del Sagrado Corazón de María, los concurrentes a un oficio conmemorativo de la aparición de la Virgen de Fátima, recorrieron las calles en orden. De regreso al templo, el párroco expresó que la procesión había constituido un acto espontáneo del pueblo, “y que así se cumplía la voluntad del presidente de la Nación... ya que... lo que debe hacerse es la voluntad del pueblo(¡!)”.
Distintos actos religiosos fueron rigurosamente prohibidos en todo el país y, cuando ellos se realizaban, pese a la prohibición, se procedía, en la mayoría de los casos, a detener a los responsables. Se recuerda, entre otros, actos religiosos y manifestaciones populares desarrollados en Salta, Santa Fe, Entre Ríos y Mendoza, en lo que se aplicó las disposiciones de la ley 14.400.
En su persecución a la Iglesia, el Congreso sancionó una ley, en virtud de la cual se dejan sin efecto las exenciones impositivas, gravándose los templos, conventos, colegios, instituciones y organizaciones religiosas. Inmediatamente, siguieron igual temperamento, distintas provincias.
Por su parte, la Policía Federal informó haber descubierto un plan de propaganda subversiva por medio de hojas impresas, panfletos, precediéndose a la detención de dos sacerdotes de la iglesia de la Medalla Milagrosa, de la Ciudad de Buenos Aires, junto con miembros de la Acción Católica, a quienes se responsabilizó por estas maniobras, aunque ellas ya se manifestaban en todo el país.
El presidente de la nación no concurrió al tradicional “Te Deum” de la fiesta patria del 25 de Mayo, al que asistieron altos dignatarios eclesiásticos, representantes del clero secular y regular, miembros de las diversas ramas de la Acción Católica y de asociaciones católicas piadosas y de beneficencia del arzobispado.
- Detenciones en Corrientes
En la provincia de Corrientes no se produjeron, en general, hechos que dieran lugar a los procedimientos policiales represivos. Sin embargo, en circunstancia de que un grupo de fíeles abandonaba la Iglesia Catedral de la capital, en la que se había oficiado una Misa en desagravio al retiro de las Imágenes religiosas de las escuelas y oficinas públicas, se improvisó una manifestación, desde la plaza “Sargento Juan Bautista Cabral”, ubicada frente al templo.
En la oportunidad, la policía detuvo a un grupo de personas distinguidas de la sociedad que participaban de la marcha, entre otras, a Juana Solari de Castillo Odena y Sofía González Alemánn de De la Fuente; al doctor Pedro G. de la Fuente; el profesor Omar F. Breard; y los señores Elías Abad, director propietario del diario “La Mañana”, Jorge Picasso, Gregorio Lezcano, Jorge Ezcurra, Raúl de la Fuente, Cástulo Miérez, Antonio Barrientos, Pedro Estigarribia, Lino Luis Sarmiento y Dámaso Baranda(1). Estas personas estaban ligadas a los partidos opositores, radical y autonomista.
(1) Diario “La Nación”, (Buenos Aires), edición del 1 de Junio de 1955. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea (1949 - 1955). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.
Los detenidos fueron alojados en la Jefatura de Policía y, las mujeres, en la Cárcel de Mujeres, o del “Buen Pastor”, aplicándoseles 25 días de arresto, insustituibles por multa. Los abogados defensores presentaron recursos de habeas corpus, conceptuando ilegal la resolución del Jefe de Policía, pero el recurso fue denegado, apelándose a la Cámara respectiva.
Se hizo una presentación ante el ministro de Gobierno, poniendo en su conocimiento el rigorismo con que son tratados los detenidos, a los que se les niega recibir alimentos de sus respectivas casas. A su vez, el Colegio de Abogados se dirigió al Superior Tribunal de Justicia, expresando que dos abogados del foro, asociados a la entidad, se hallan detenidos, y se los mantiene con delincuentes comunes, con menoscabo de la dignidad que invisten como auxiliares de la Justicia. Al permitirse la visita a los detenidos, una gran cantidad de amigos concurrió a saludarlos.
Más adelante, en la víspera del aniversario de la muerte de Eva Perón, se temía la preparación de un plan para incendiar templos de la ciudad capital. En la oportunidad, se organizaron diferentes células de personas armadas y dispuestas a enfrentar aquella posibilidad. Afortunadamente, nada de eso ocurrió(2).
(2) El historiador, doctor Ricardo Harvey, fue convocado para defender el templo de Nuestra Señora de la Merced, cercano a su domicilio. La responsabilidad, por este grupo, estuvo a cargo del presbítero, doctor Francisco S. Zoni, en cuyo domicilio fueron recibidos el teniente primero (R. E.) Vicente Seara, Carlos Raúl y Juan Ramón Miranda Pessini, y un joven de apellido San Martín, siendo atendidos en el templo por un franciscano, llamado “Padre Angel”. Se tiene conocimiento de la existencia de otras células, convocadas alrededor de distintos templos de la Ciudad de Corrientes. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea (1949 - 1955). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.
- Se intensifican las diferencias
En el mes de Junio de 1955 ya era vigorosa la campaña oficial contra la Iglesia Católica, sus sacerdotes y organizaciones. En las calles circulaban jóvenes disfrazados con los trajes y ornamentos sagrados, y con actitudes que tendían a desprestigiar al clero.
En este clima de tensión, se preparó la tradicional procesión de Corpus Christi, que debía realizarse el 9 de Junio, pero fue trasladada para el sábado 11, para aprovechar el receso de la tarde de ese día, dice Pedro Santos Martínez(3).
(3) Pedro Santos Martínez. “La nueva Argentina (1946 - 1955)” (1976), pp. 213 y sgtes.. Ed. Astrea, Buenos Aires. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea (1949 - 1955). Ed. Moglia Ediciones, Corrientes.
El día 9, sin embargo, realizaron sus tradicionales ceremonias en la mayoría de las provincias, destacándose por la prensa del país la protagonizada en Rosario, donde “jamás vivió la ciudad una jornada de fervor católico mayor a la de hoy”; en Córdoba, pese a ser día laborable, una multitud extraordinaria concurrió a la plaza San Martín y calles que la rodean, “mientras verdaderos racimos humanos seguían desde balcones y azoteas el desarrollo de la procesión”; en San Luis, la procesión revistió extraordinarias proporciones: “La respuesta de los católicos puntanos fue unánime”; lo mismo ocurrió en Catamarca y otras provincias.
Pero el acto religioso que se enfrentará directamente con la conducta oficial, será la procesión de Corpus Christi programada en la Ciudad de Buenos Aires, para el día 11 de Junio de 1955 y que debía realizarse en la calle, a lo que la policía se opuso, aduciendo que el acto había sido proyectado para el día 9, y no el sábado siguiente. Por ello, la jerarquía dispuso que la celebración se cumpliera dentro del templo.
La noche anterior, el presidente Perón habló por radiotelefonía, transmitiendo sus órdenes, expresando que
“como precaución, es menester alertar a las organizaciones. Preparar los medios de acción y los transportes. Controlar, por las organizaciones políticas, los sectores de acción, y mantener la vigilancia por los jefes de manzana.
“No actuar sino en contacto y coordinación con la policía, por los comando tácticos. Yo impartiré cualquier otra orden en cada caso, por los medios correspondientes. Por cada hombre que puedan poner nuestros enemigos, nosotros pondremos diez”.
- La quema de la bandera y la procesión del 11 de Junio
Tal como estaba previsto, la celebración de Corpus Christi se realizó en el interior de la Catedral Metropolitana y, al término de la ceremonia, se organizó, sobre la Avenida de Mayo, una concentración de fieles que se dirigió hacia el Congreso Nacional, agitando sus pañuelos en alto, pese a la prohibición policial.
“Ese 11 de Junio -dice el historiador Martínez- estaban en el acto los católicos activos, los nominales, los que nunca iban a los templos y los opositores, en toda la gama de sus posiciones ideológicas. Eran más de 100.000 personas que desbordaban la catedral y ocupaban la Plaza de Mayo”.
Frente al Congreso, un grupo de manifestantes que llevaban la bandera pontificia, izó la enseña vaticana junto a la nacional, retirándose posteriormente. Otros grupos, no identificados, atacaron algunos diarios, comercios y embajadas. Activistas católicos dañaron placas conmemorativas a la figura de Eva Perón (la esposa del presidente fallecida de cáncer dos años antes, a quien los peronistas consideraban una santa y mártir de los pobres)
Pero el suceso que generó un inmediato repudio fue el descubrir, por parte de la autoridad policial, que se había quemado, presuntamente en esa oportunidad, la bandera nacional.
Algunos historiadores señalan que "en el mástil del Congreso arriaron la bandera argentina e izaron la bandera pontificia (blanca y amarilla); el conflicto entre el Gobierno y la Iglesia estaba en su máxima expresión debido a las leyes de divorcio y de reconocimiento legal de los hijos extramatrimoniales, la supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas públicas, la regulación de las prostíbulosy la convocatoria a una Convención constituyente que decidiera la separación de la Iglesia y el Estado. La postura de Perón habría sido apoyada por el monseñor Ferreyra Reinafé de La Rioja y monseñor Antonio Caggiano, arzobispo de Rosario"(4).
(4) Lila M. Caimari. “El Peronismo y la Iglesia Católica” (2002), Colección: “Nueva Historia Argentina”, tomo VIII, p. 443. Ed. Sudamericana, Buenos Aires.
La Policía Federal denunció que la bandera argentina fue quemada durante la procesión. Al día siguiente se publicaría en los diarios la fotografía de Perón y Angel Borlenghi (ministro del Interior) mirando los restos de la bandera quemada.
"Posteriormente, se pudo comprobar que esto había sido una maniobra repudiable, ya que en una comisaría cercana se había quemado una bandera argentina y, con sus cenizas y restos de la tela, fue llevada por los propios policías al sitio donde había pasado la manifestación católica frente al Congreso", señala el historiador Ricardo Harvey.
Cumplida la orden, se hizo presente el Jefe de Policía e instantes después se hacían presentes el general Perón, el ministro del Interior, Angel Gabriel Borlenghi; el ministro de Educación, Armando Mendez San Martín; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Carlos Vicente Aloé; y otros funcionarios.
Al día siguiente, los diarios de la cadena oficial iniciaron una campaña contra los presuntos autores e instigadores del horrendo crimen que les fue atribuido a los católicos quienes, además, habrían arrancado una placa a la memoria de Eva Perón. Sin embargo, posteriormente, tres oficiales policiales declararon la verdad ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
El 30 de Junio(5), el subinspector de la Policía Federal, Héctor Giliberti, le confesó a su hermano José María (capitán de corbeta) que la bandera había sido quemada por sus compañeros de la policía, y ratificó luego sus dichos al declarar en el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas.
(5) Isidoro Ruiz Moreno. “La revolución del 55” (2013). Ed. Claridad, Buenos Aires.
También lo confirmaron los policías Juan Laperchia e Isidoro Ferrari, por lo cual el organismo solicitó a Perón la separación del Jefe de Policía y la detención del ministro del Interior Angel Borlenghi. Al día siguiente de esa comunicación, Borlenghi salió del país hacia Montevideo(6).
(6) Hugo Gambini. “Historia del Peronismo” (2001), volumen II. Ed. Planeta, Buenos Aires.
Una vez depuesto el Gobierno y en el transcurso de las investigaciones para acumular evidencias contra Juan Domingo Perón, el contraalmirante Alberto Tesaire -quien había sido vicepresidente de Perón- afirmó que se había ejecutado bajo la autorización e inspiración de Perón(7).
(7) Artículo en el diario “Clarín”, (Buenos Aires), del 5 de Octubre de 1955. // Citado por Hugo Gambini. “Historia del Peronismo” (2001), volumen II. Ed. Planeta, Buenos Aires.
El 13 de Junio, Perón expulsó del país a los monseñores Manuel Tato y Ramón Novoa(8). Ese mismo lunes 13 de Junio, ambas Cámaras del Congreso entraron en sesión extraordinaria para repudiar la quema de la bandera.
(8) Horacio Rivara (2015). “Ataque a Casa Rosada (la Verdadera Historia de los Bombardeos del 16 de Junio de 1955”, pp. 232-233. Ed. Sudamericana, Buenos Aires.
El 14 de Junio en un mensaje a la multitud reunida en la Plaza del Congreso, Perón expresó:
“Desagraviar nuestra bandera en nuestros días tiene para mí el más profundo significado. Las banderas tienen, según las patrias y las comunidades que representan, el reflejo del espíritu de un tiempo y de una época. Nuestra bandera (...) no debió ser agraviada por los hombres"(9).
(9) Arenga del presidente Perón ante la multitud reunida en la Plaza del Congreso, el 14 de Junio de 1955.
El Gobierno organizó un acto de desagravio a la bandera nacional, que se realizaría tres días después, el Jueves 16 de Junio. El ministro de Aeronáutica, brigadier mayor Juan Ignacio de San Martín dispuso que la aviación testimoniara su adhesión al presidente de la República, desagraviando a la vez la memoria del general José de San Martín. Para esto decidió que una formación de aviones sobrevolaría la Catedral de Buenos Aires, donde descansan los restos del Libertador.
El anuncio del desfile reunirá en Plaza de Mayo a un numeroso público. Se trataba de un acto cívico-militar en solidaridad con el Gobierno frente a los embates de la oposición(10).
