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Los enfrentamientos en la Legislatura
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En la marcha de los tres poderes del Estado, el Legislativo, centro de natural confrontación y debate de los partidos políticos, era donde se desarrollaba la parte más movida de los enfrentamientos, modificados ahora los frentes como consecuencia de la ruptura del liberalismo con su antiguo aliado.
Los Diarios de Sesiones de la época mostraban a los representantes de los tres partidos formalmente identificados con la fórmula Leopoldo Melo - Vicente C. Gallo, acerbamente criticados por los legisladores radicales personalistas pero, a su vez, los liberales y antipersonalistas críticos despiadados de los autonomistas, detentadores del poder provincial.
La Legislatura no trabajó mucho ese año y su producción fue totalmente escasa. Los debates políticos esterilizaron su accionar. Pero, a través de estos debates es donde se puede advertir la significación de los enfrentamientos.
El tema más controvertido fue el pedido de autorización para contraer un empréstito externo por la suma de cinco millones de pesos oro, con cuyo importe el Gobierno se proponía pagar la deuda externa e interna de la provincia, además de invertirse el saldo resultante en algunas obras públicas necesarias, especialmente en materia de vialidad y arreglo de edificios escolares.
Ante la inminencia de recurrirse a la vía judicial para el cobro compulsivo por parte de los acreedores de la deuda externa, el gobernador había enviado en el mes de Junio del año 1926 el proyecto de ley respectivo para darle solución, pero las sucesivas demoras determinaron que aquella amenaza se convirtiera en una alarmante realidad al ser notificada la provincia de la demanda promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las empeñosas gestiones del doctor Juan Ramón Vidal habían logrado una espera y paralización de los juicios pero, al transcurrir más de un año sin resolverse, las acciones habían continuado, motivando al gobernardor a remitir una nota -en Octubre de 1927- que volvió a encrespar los ánimos legislativos al terminar diciendo que “dejaba expresa constancia de que ese cuerpo, por imperio constitucional, era el único habilitado para solucionar ese asunto y tomar las medidas necesarias y urgentes que el caso requería, lo que hacía no para inferir un reproche sino para dejar a salvo la responsabilidad del Poder Ejecutivo al estar en juego nada menos que el crédito del Estado ante propios y extraños”(1).
(1) Provincia de Corrientes, Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, Año 1927, p. 206. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.
Esta deuda tenía origen en un crédito autorizado por ley de la provincia Nro. 11, de fecha 16 de Julio de 1910, por la suma de dos millones de pesos oro sellado, lo que fue efectuado por Emile Erlanger y Cia. -de Londres- por un valor de 396.815 libras esterlinas ó 10.000.000 de francos franceses, equivalente a la par de aquella suma.
Del producido del préstamo se destinaron las dos terceras partes a la construcción del Ferrocarril Correntino, línea férrea de trocha angosta que unía la capital de la provincia con los pueblos de Santa Ana, San Cosme, Ingenio Primer Correntino, Lomas de Vallejos, Puisoye, Herlitzka, Mburucuyá y General Paz, todos en el norte de la provincia.
La empresa concesionaria de Carlos M. Dodero, que originariamente intervino, transfirió sus derechos y obligaciones a la Compañía General de Ferrocarriles Económicos, de donde le quedó el nombre de “El Económico”, en el mes de Mayo de 1912. Esta compañía cumplió con la parte del servicio de la deuda que le correspondía durante unos tres años pero, más luego, argumentando una distinta interpretación de las reglas contractuales, dejó de pagar.
La provincia siguió afrontando los servicios de la deuda hasta el año 1919 y a partir de esa fecha suspendió los pagos, para obligar al Banco Francés y del Río de la Plata -que eran los fideicomisarios del empréstito- a que ejerciera las acciones legales de cobro contra la empresa, cosa que no ocurrió. Lo cierto es que los tenedores de los respectivos bonos promovieron juicio a la provincia, co-obligada en el empréstito, y procesalmente se estuvo en condiciones de embargar las rentas fiscales.
El resto de la operación originaria tuvo como destino el fomento de la colonización de la provincia y, entre otras, la adquisición de la colonia Nueva Valencia, muy cercana a la ciudad capital.
La discusión del proyecto, elevado por el Poder Ejecutivo para autorizar un nuevo empréstito, había ocupado algunas jornadas del año legislativo de 1926 pero, un año después, sin terminarse el tema, la situación se había tornado crítica ante el descrédito en que caería la provincia por el incumplimiento de una deuda contraida por el Gobierno autonomista del doctor Vidal, desatendida por los sucesivos Gobiernos liberales que le siguieron y las Intervenciones Federales de signo radical enviadas a la provincia por el presidente Yrigoyen.
Tras arduos debates, con la presencia de los ministros del Poder Ejecutivo, el proyecto fue aprobado en Senadores, con una sensible merma en el monto solicitado por el Poder Ejecutivo, sólo permitiendo pagar la deuda externa pero no la deuda interna de la Caja de Jubilaciones y del Consejo Superior de Educación y, menos aún, realizar ningún tipo de obra pública como se proponía el Gobierno.
Gabriel del Mazo, en su conocida obra “La Segunda Presidencia de Yrigoyen”, refiriéndose al tema de los empréstitos en las provincias, dice que “los gastos desmedidos de las provincias, en buena parte para satisfacer obligaciones políticas relativas a la próxima campaña, las endeudan, y se recurre a los empréstitos, cuyo oleaje crece.
“El Comité Nacional del radicalismo personalista envió -en esa oportunidad- una nota telegráfica al Gobierno de Corrientes, firmada por su presidente, el doctor Pablo Torello que expresaba:
“‘En resguardo de los sagrados intereses del país, la Unión Cívica Radical no prestará sanción a ningún género de empréstitos mientras no quede normalizada la vida política de la Nación’”(2).
(2) Gabriel del Mazo y Roberto Etchepareborda. “La Segunda Presidencia de Yrigoyen” (1984), p. 9, en: “Biblioteca Política Argentina”. Ed. Centro Editor de América Latina, Buenos Aires. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.
Por ello, no resultó extraño que en la sesión en que el proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado, estuviera ausente la bancada radical personalista que integraban Miguel y Ricardo Andreau y Raúl F. Arballo.
- Denuncias, controversias y debates
Para su tratamiento en Diputados el tema fue incluido en las próximas sesiones extraordinarias convocadas casi simultáneamente por el gobernador y por el presidente de la Legislatura, motivando ello interesantes debates sobre la precedencia en la convocatoria.
Para muchos, las extraordinarias autoconvocadas, en las que el sector liberal presentó más de 80 proyectos, sólo eran buscadas para mantener abierta la Legislatura en vísperas electorales tan trascendentes y poder ejercer desde allí el control más estricto de los actos del Poder Ejecutivo.
Un hecho curioso de ese período legislativo resultó la incorporación de un diputado radical que -posteriormente- se supo era de nacionalidad uruguaya, aunque afincado en la provincia desde muchos años atrás y con familia argentina.
Los claros preceptos constitucionales, que evidentemente había desconocido al ser nominado, lo hicieron presentar su renuncia, que fue aceptada por la mayoría, no obstante algún intento de rechazarla propuesto por su correligionario, el diputado Justo Erro, con argumentos puramente sentimentales que fueron desestimados. Al aceptarse su renuncia, lo reemplazó Pericles Gómez.
Menudearon en ese tiempo las acusaciones de todo tipo, al extremo de llegar a imputarse en el diario de orientación liberal “El Día” -con repercusión legislativa y política- que uno de los diputados autonomistas usaba tractores oficiales en beneficio privado, hecho cuya falsedad quedó totalmente demostrada. Otras imputaciones calumniosas determinaron al juez en lo Civil, doctor Meana Colodrero, a formular denuncia contra el director del mismo periódico, lo que motivó su detención por un día(3).
(3) Diario “El Liberal”, (Corrientes), edición del 1 de Octubre de 1927. // Citado por Ricardo J. G. Harvey. “Historia Política Contemporánea de Corrientes (del doctor Benjamín S. González al doctor Pedro Numa Soto. 1925-1935)” (1999). Ed. Dunken, Buenos Aires.
Otro de los temas que provocó encendidos debates fue la Intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo a las comunas de Esquina, Saladas, Santo Tomé y Curuzú Cuatiá, especialmente esta última.
En lo que no hubo discrepancias legislativas y obtuvo unánime aprobación fue un proyecto de subsidios a las Sociedades Rurales y de Hacendados con destino a sufragar gastos de las exposiciones ferias a realizarse en la ciudad capital y departamentos del Interior provincial. De una manera u otra, los legisladores de esa época estaban vinculados o tenían intereses en la industria madre -el campo- más allá de las circunstanciales diferencias político partidarias.
Otros asuntos que conmovieron a la opinión y se desarrollaron en el ámbito legislativo fueron la sesión secreta realizada por el Senado para tratar un pedido de investigación de la Tesorería de la provincia, que se pretendía extender hasta 1919, año en que había actuado una Intervención de signo radical, que motivó severas críticas por el carácter que se le había impuesto por entenderse que de esta manera se violaban principios republicanos y democráticos(4), o el proyecto de designar una comisión administradora para el Ferrocarril Económico, como así también la decisión -unilateralmente adoptada en Diputados- de dar por terminadas las sesiones extraordinarias en vista de que no se lograría aprobar el tema del empréstito externo, con media sanción del Senado, dieron lugar a cambios de palabras de tono subido, desviando el accionar legislativo al estéril enfrentamiento político partidario.
